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LA POLÍTICA DE DROGAS A REVISIÓN...

Autor: Carmen Martínez Perza, abogada

En estos días está de máxima actualidad la revisión de la política internacional de drogas, que se sustenta en unas listas de sustancias consideradas prohibidas, cuyo uso solo se permite para fines científicos, y en algunos casos médicos, estrictamente controlados. Tanto las listas como las políticas represivas en relación a dichas sustancias fueron diseñadas y plasmadas en diversas convenciones de Naciones Unidas que conforman el régimen mundial de fiscalización de estupefacientes y que han sido ratificadas por la mayoría de los Estados miembros de la ONU (1).

“Efectos realmente nocivos está teniendo esta política de drogas también en los sectores más empobrecidos de la sociedad, carne de cañón en manos de las grandes mafias”

No podemos olvidar que junto a estas convenciones existe todo un sistema legal internacional de derechos humanos que deben respetarse por los países signatarios.

En el horizonte tenemos la Convención de Viena para 2016, que pretende revisar la política internacional sobre drogas. Los distintos Estados, así como las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, están moviendo fichas para que sus postulados tengan la máxima incidencia en las decisiones finalmente adoptadas.

Qué duda cabe de que en este proceso de revisión en primer lugar hay que hacer un balance serio y científico, una evaluación de lo conseguido o no con la política represiva imperante así como de otros efectos directamente causados por la misma y que no fueron buscados en principio.

La primera cuestión a analizar sería si se ha conseguido avanzar en la mejora de la salud pública en relación con el daño que provoca el consumo de determinadas drogas. Desde un punto de vista científico, no se puede afirmar que la política sobre drogas haya conseguido su objetivo de mejorar la salud pública. El consumo de drogas se ha multiplicado por mucho desde sus inicios, aumentando cada año el consumo de sustancias prohibidas en todo el mundo. Las listas internacionales de drogas prohibidas nunca está actualizada pues las mafias internacionales se adelantan a las normas y surgen por doquier nuevas sustancias aún no incluidas en los catálogos. De hecho, la UE está muy preocupada y está elaborando estrategias concretas para dar respuesta rápida a la persecución de las nuevas sustancias que aparecen en el mercado negro a diario, cuyos efectos para la salud se desconocen hasta que no comienzan a causar daños en personas, sobre todo jóvenes. En definitiva, tras medio siglo de represión del tráfico de drogas, su consumo y sus efectos nocivos en la población no han hecho más que crecer y crecer.

Por contra, la guerra contra las drogas ha causado multitud de daños colaterales que inciden en la salud de las personas así como en la economía y la seguridad nacional e internacional. Esta es la segunda cuestión a analizar a la hora de hacer un balance.

Las personas con dependencia de estas sustancias llenan las prisiones de gran parte de los países del mundo. En el Estado español más del 70% de las privadas de libertad tienen problemas de drogodependencias que les han llevado directamente a su situación de encarcelamiento, bien por la comisión de delitos contra la propiedad o bien por realizar conductas de tráfico a pequeña escala, en ambos casos como forma de abastecerse de la sustancia de adicción. En este contexto, las prisiones se han convertido en el gran foco de transmisión de enfermedades graves como el VIH-Sida, la Hepatitis C o la tuberculosis.

Todas las personas consumidoras, con dependencia o con usos recreativos u ocasionales sin dependencia, se ven forzadas a contactar con las mafias que operan en el mercado negro y a consumir las sustancias en la clandestinidad sin unas mínimas garantías respecto al contenido de lo que consumen, poniendo en riesgo su seguridad y su salud.

Por otro lado, la persecución directa de las/os consumidoras/es por el simple hecho de consumir, con tipificación penal o administrativa del consumo o tenencia para autoconsumo, únicamente ha venido a estigmatizarlas, a introducirlas en entornos de exclusión social e incluso a enviarlas a prisión. En algunos países se llega a imponer incluso la pena de muerte a estas personas, inconcebible en un sistema internacional que dice fundarse en los derechos humanos. Si bien en el Estado español el consumo o tenencia no se considera delito, se persigue por la vía administrativa, con detenciones y cacheos en lugares públicos e importantes sanciones económicas. Pero la amplitud del tipo penal de tráfico de drogas del artículo 368 del Código Penal provoca una gran inseguridad jurídica a las/os consumidoras/es y diluye la frontera entre lo penal y lo administrativo, arriesgándose a ser condenadas/os por tráfico cuando lo que portan es para autoconsumo. Y no digamos de la persecución del autocultivo.

Efectos realmente nocivos está teniendo esta política de drogas también en los sectores más empobrecidos de la sociedad, carne de cañón en manos de las grandes mafias, que no hacen sino aumentar su poder económico y de influencia social así como extender la violencia por donde operan.

Por debajo de este debate subyacen intereses económicos y condicionamientos morales con escaso sustento científico. La política debe tener basamentos claros y mostrarse con total transparencia. Hemos de evaluar lo hasta ahora realizado y explorar otras opciones como respeto al consumo o la propia regularización de la oferta de drogas. Y en este proceso no hay que olvidar el derecho a la libertad de las personas adultas y maduras, a decidir sobre su cuerpo y su vida en tanto no se dañe a otras personas.

Insistimos en que las vías alternativas deben complementarse con una paralela actuación educativa y de control dirigida especialmente a la infancia y adolescencia, que debe incluir no sólo a las drogas ilegalizadas sino también a otras como el alcohol cuyos efectos sobre la salud pueden ser muy mucho más nocivos que los del cannabis, sin minimizar los daños que puede causar éste en adolescentes, en pleno desarrollo intelectual y emocional, o en personas predispuestas a sufrir trastornos mentales. 

1. En el seno de la ONU: Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988