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LA REFORMA DE LA JUSTICIA UNIVERSAL EN ESPAÑA: GARANTÍA DE IMPUNIDAD...

Autores: Nuria García Sanz y Manuel Ollé Sesé

El ordenamiento jurídico español, al igual que ordenamientos jurídicos de otros países, contempla el principio de jurisdicción universal en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este principio establece la jurisdicción y competencia de los tribunales de un Estado para investigar determinados delitos perpetrados fuera de sus fronteras, sea cual sea la nacionalidad de víctimas y victimarios.

“El principio de jurisdicción universal está concebido para la persecución de graves crímenes internacionales, allá donde se perpetren y con independencia de cualesquiera otros requisitos de aplicación”

El fundamento último de la vigencia de este principio internacional es la gravedad de los hechos cometidos, que afectan a toda la comunidad internacional. Acoge el principio cosmopolita, por ejemplo, hechos constitutivos de piratería, de genocidio, de terrorismo, el tráfico ilegal de drogas o el tráfico de personas o crímenes de lesa humanidad. Como vemos, delito internacionales lo suficientemente graves, algunos crímenes internacionales de primer grado y otros de segundo grado, como para que sean investigados por el tribunal de cualquier Estado, con independencia del territorio donde hubieran sido cometidos, por voluntad del Derecho internacional.

Durante décadas, la Audiencia Nacional, como tribunal competente en España para el enjuiciamiento de delitos cometidos fuera de nuestro territorio, viene investigando delitos de piratería o tráfico de drogas que han sido perpetrados en otros países. Nunca se cuestionó que el tráfico de drogas o la piratería fuesen delitos graves que cualquier tribunal tuviese que investigar, y por ello, también el español.

Ahora bien, los obstáculos se presentan cuando lo que se pretende investigar son crímenes, con un marcado carácter político, como el genocidio o lesa humanidad, cuyos presuntos autores suelen ser ex miembros de un gobierno. Para justificar la limitación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en estos casos se vienen utilizando argumentos como la imposibilidad de asumir la investigación de una excesiva cantidad de casos perpetrados fuera de nuestro país, el riesgo de avalancha de víctimas de otros países, y la cantidad de asuntos que ya existen a cargo de nuestros tribunales para asumir otros procedentes del exterior. Pero estos argumentos no se sostienen, ya que la cifra de casos relacionados con crímenes contra la humanidad que la Audiencia Nacional viene investigando de forma simultánea, apenas llega a la decena. Al contrario, lo que verdaderamente motiva la reticencia a investigar crímenes de estas características, son las tensiones diplomáticas, político y económicas que con frecuencia se suscitan.

Para evitar este tipo de conflictos, se ha procedido a modificar el principio de jurisdicción universal.

Así, la primera modificación tuvo lugar en 2009, cuando se reformó el citado artículo 23.4, introduciendo requisitos contrarios a la propia esencia del principio de jurisdicción universal, con el fin de restringir su aplicación.

A partir de esta reforma, para que el tribunal español pudiera investigar hechos tan graves como genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra perpetrados fueran de nuestro país, se comenzó a exigir alternativamente que los presuntos responsables se encontrasen en España, que existiesen víctimas de nacionalidad española, o que se constatase algún vínculo de conexión relevante con España.

El principio de jurisdicción universal está concebido para la persecución de graves crímenes internacionales, allá donde se perpetren y con independencia de cualesquiera otros requisitos de aplicación. Por tanto, la exigencia de otros puntos de conexión entre el hecho y el lugar de enjuiciamiento desnaturaliza el principio e impide su aplicación en la práctica, desprotegiendo a las víctimas y fomentando la impunidad.

Recientemente, el grupo parlamentario mayoritario ha procedido, dado el régimen de mayorías, a modificar nuevamente el principio de jurisdicción universal a su propia conveniencia, en contra de todos los grupos de la oposición.

La aprobación de esta propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Popular supondría la práctica eliminación de la justicia universal en España, como se va a exponer. Por otra parte, la propuesta se ha realizado a través de una proposición de ley, con el fin de ser aprobada por el trámite de urgencia, y evitar así el necesario debate que una reforma de tal calado exige.

Esta nueva reforma establece que el tribunal español será competente para investigar crímenes de genocidio, lesa humanidad o crímenes de guerra, cuando el presunto responsable sea español, extranjero que resida habitualmente en España, o extranjero que se encuentre en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. Similares requisitos se exigen para la investigación de otros delitos muy graves perpetrados fuera de nuestro territorio, como la tortura, la desaparición forzada o la trata de seres humanos.

Es decir, que la persecución de los crímenes mencionados se supeditaría a la concurrencia de criterios relacionados con la nacionalidad del supuesto autor, que ninguna relación guardan con la gravedad de los hechos a investigar. Por otra parte, es altamente improbable que un nacional o residente español esté implicado en un genocidio o crimen de lesa humanidad cometido en otro país.

De modo que la aplicación del principio de justicia universal para estos delitos se reduciría, casi exclusivamente, a los casos en que el supuesto autor fuese extranjero pero se encontrase en España, y no se hubiera iniciado un procedimiento para su extradición a otro país cuyos tribunales también fueran competentes para la investigación.

Adicionalmente, para que el tribunal español pudiera iniciar una investigación, esta reforma exige la presentación de querella por el Ministerio Fiscal o por la persona agraviada por el delito. Ello supondría la inadmisión de querellas interpuestas por organizaciones de la sociedad civil como acusación popular. La acción popular está prevista en la Constitución Española, y es idónea precisamente en procesos judiciales en los que se investigan delitos graves, de carácter masivo y sistemático, y cuyo reproche corresponde a toda la comunidad internacional en su conjunto, con independencia de las víctimas concretas.

Pero lo más preocupante de este proyecto de reforma, si cabe, es que pretende aplicarse retroactivamente, a las causas que se encuentran actualmente en trámite ante el tribunal español. Es decir, que se procedería al archivo de todas las investigaciones en curso en las que no concurriesen los nuevos requisitos exigidos.

En definitiva, la aprobación de esta reforma legislativa supondría el entierro de facto de la justicia universal en España, al restringir su aplicación a casos absolutamente excepcionales. Víctimas de genocidio o desaparición forzada, entre otras, verán vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, por el hecho de que los responsables no sean españoles ni residan en España, o no se encuentren en nuestro país. Las víctimas quedarán, simplemente, desamparadas.