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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA, FACTOR DE COMPETENCIA EN EL MERCADO...

Autor: José Miguel Embid Irujo

Casi siempre que se habla de responsabilidad social corporativa (RSC) se piensa en una actividad desarrollada por las empresas con un objetivo que, en sentido amplio, podría calificarse como “social” y no estrictamente económico. Con ello se quiere decir, entre otras cosas, que el conjunto de las actuaciones susceptibles de agruparse bajo tal denominación –indudablemente prestigiosa- está al margen de la lógica típica de las empresas y que, por tanto, no aparece inspirado en un propósito de competitividad ni se dirige, en términos abstractos, al mercado. A diferencia de la producción de bienes y servicios, inevitablemente condicionada por la situación del mercado y a él orientada, todo lo que las empresas llevan a cabo bajo el manto de la RSC se mueve, en el planteamiento que venimos exponiendo, dentro de unos criterios que, si se nos admite la comparación, se asemejarían de manera significativa a los propósitos típicos de las entidades sin ánimo de lucro. Piénsese, por ejemplo, en una fundación cuya finalidad consista en tareas de beneficencia, en el apoyo a la cultura, la investigación científica, o cualquier otro objetivo de interés general; las rentas derivadas del patrimonio fundacional, así como los posibles ingresos que obtenga la fundación, se emplearán, entonces, en el cumplimiento de tales fines, a favor de un número, en principio indeterminado, de beneficiarios.

Más allá de ciertas especialidades, en las que ahora no podemos entrar, el criterio expuesto no encajaría mal con un amplio elenco de supuestos de la RSC en nuestros días, bien se circunscriban sus hipotéticos beneficiarios a los sujetos integrados en la empresa que pretende ser socialmente responsable, bien se sitúen fuera de ella. No obstante, sin negar que este planteamiento es, en amplia medida, cierto, y, sobre todo, que desde distintas perspectivas se asigna a la RSC un significado equivalente, parece necesario trascender esta valoración para contemplar dicho fenómeno desde otra vertiente. Me refiero, en concreto, a que la aceptación por la empresa de la necesidad de llevar a cabo actividades de RSC, con su consiguiente puesta en práctica, puede llegar a adquirir un relieve considerable en el mercado. No me refiero sólo, claro está, a un asunto de reputación, con ser sumamente importante que la empresa se prestigie, como tal, en el mercado por desarrollar un destacado programa de RSC. Se trata, más bien, de que ese mismo programa puede ser un importante factor de competencia en el mercado. Así, será susceptible de inclusión, en todo o en parte, en la publicidad comercial que la empresa desarrolle, añadiéndose a las actividades de difusión de sus propios productos o convirtiéndose, en su caso, en objetivo autónomo de una determinada campaña publicitaria. 

“La RSC no debe considerarse como una actividad marginal de los operadores económicos y que, al mismo tiempo, puede convertirse en un elemento potencialmente valioso desde la perspectiva propia de su actuación competitiva en el mercado”

Si la anterior posibilidad resulta, a todas luces, plenamente realizable y no incurre, en cuanto tal, en supuesto alguno de ilicitud publicitaria, con idéntica razón puede darse, incluso, un paso más, avanzando en la consideración, aquí esbozada, de la RSC como un elemento añadido al potencial competitivo de la empresa. A mi juicio sería una conducta competitiva plenamente leal aquella por la cual una empresa comparara sus actividades de RSC con las de otras empresas. Siempre que dicha comparación tuviera como objeto realidades equivalentes y se compararan elementos esenciales, pertinentes y verificables, como dice el art. 10 de la Ley española de competencia desleal, se produciría una situación ventajosa para el consumidor y también para el mercado, que son las referencias fundamentales en el Derecho regulador de la competencia desleal. Del mismo modo, no debería considerarse acto (desleal) de denigración aquel que pusiera de manifiesto, por ejemplo, que una determinada empresa carece por completo de actividades propias de RSC o que las que pone en práctica, en su caso, resultan irrelevantes. Aunque tales afirmaciones podrían menoscabar el crédito de dicha empresa en el mercado, su difusión debería considerarse lícita siempre que, claro está, resultaran exactas, verdaderas y pertinentes, como, de nuevo, afirma la Ley española de competencia desleal en su art. 9.

Lo indicado hasta el momento no pasa de ser un criterio necesitado de mayor análisis y de contraste en el seno de cada empresa. Parece indudable, con todo, que la RSC no debe considerarse como una actividad marginal de los operadores económicos y que, al mismo tiempo, puede convertirse en un elemento potencialmente valioso desde la perspectiva propia de su actuación competitiva en el mercado. Retomando el símil, antes expuesto, con las fundaciones, la RSC no ha de ser vista como una actividad añadida a los objetivos o finalidades propios de la empresa, que, en esta perspectiva reductiva, serían los vinculados exclusivamente con la producción de bienes y servicios para el mercado. En el Derecho español de fundaciones, todas aquellas actividades, como las típicamente empresariales, que las fundaciones pueden, con ciertas restricciones, realizar, quedan, sin embargo, fuera de las que, en principio, les serían propias, identificadas exclusivamente con el fin de interés general que han de cumplir por imperativo legal. Esta comparación de sujetos jurídicos sirve, desde luego, para relativizar su tradicional contraposición, sustentada en la presencia o no del ánimo de lucro; pero puede servir también para enriquecer la comprensión sustancial de cada uno de ellos, entre otras cosas, a la hora de valorar el relieve de un elemento tan habitual en la conducta de las empresas de nuestros días como las actuaciones de RSC.