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HABLAMOS DE LA SEGURIDAD JURÍDICA...

Autor: Carles Cruz Moratones, magistrado y vocal del Consejo General del Poder Judicial

Cuando hablamos de la seguridad jurídica partimos de la conformidad en la afirmación de que las leyes sirven para orientar la conducta de la ciudadanía a la que va dirigida. Necesitamos saber que va a suceder si realizamos determinadas cosas. Etimológicamente, seguridad jurídica es la cualidad del ordenamiento jurídico que implica la certeza de sus normas y la previsibilidad de su aplicación. Esta definición recoge los aspectos más destacables del principio enunciado, pues engloba tanto el aspecto objetivo del principio –el contenido de las normas que integran el ordenamiento jurídico- como su vertiente subjetiva -la aplicación concreta al caso-.

“Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido y nadie puede ser constreñido a hacer algo que ésta no ordene”

Históricamente, el postulado de la seguridad jurídica se asocia al Estado de Derecho, pues esencialmente es una consecuencia inescindible del mismo. Aun cuando no aparece reflejado como tal en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, varios son los preceptos del citado texto que guardan estrecha relación con aquel principio, pero es el artículo quinto el que de forma implícita le otorga carta de naturaleza mediante el siguiente enunciado: “Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido y nadie puede ser constreñido a hacer algo que ésta no ordene”. Siendo cierto que tal proclamación destaca, sobre todo, la primacía de la ley como factor determinante de la libertad de obrar, no es menos importante, en el contexto histórico en que se formula, el grado de certidumbre jurídica que supuso, de cara a delimitar el ámbito de lo prohibido –restricción explícita- y de lo permitido –libertad implícita-.

La Constitución Española confiere al principio de seguridad jurídica la importancia que merece, y así el artículo 9.3 establece que “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras, no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”, La seguridad jurídica no deja de ser un compendio de los principios que le preceden en el referido artículo. El sometimiento de los poderes públicos y de todos los ciudadanos a la ley, sin resquicios que permitan que algún estamento o clase quede al margen de su aplicación, la subordinación de las normas a los dictados de aquéllas que ocupan una posición preminente en la pirámide normativa, así como la proscripción de la retroactividad de las disposiciones sancionadoras o restrictivas de derechos, son aspectos que confieren al ordenamiento un grado de certeza, que es garantía esencial del Estado social, democrático y de Derecho. A ello se une la expresa prohibición de la arbitrariedad que, por definición, es el reverso de la seguridad jurídica.

La aplicación efectiva de este principio de certezaimplica que el ordenamiento jurídico ha de ser claro e inteligible, debiéndose evitar que el contenido o las omisiones de un texto normativo genere dudas que no puedan ser esclarecidas conforme a los criterios interpretativos admisibles en Derecho, dada la incertidumbreque ello originaríaa la hora de determinar el contenido de la conducta impuesta o prohibida, o la previsibilidad de los efectos de la norma.No obstante, el contenido de la seguridad jurídica no se agota en la elaboración de las normas, pues su importancia trasciende al ámbito de la aplicación de las mismas. Por ello, aspectos tales como la invariabilidad de las resoluciones firmes, tanto de carácter jurisdiccional como administrativo, la ineludible exigencia de motivación y la proscripción de cambios de criterio “ad casum” en la aplicación de las normas, salvo que éstos sean razonables, estén debidamente explicitados y tengan vocación de futuro, conforman el núcleo esencial de la previsibilidad de la aplicación del ordenamiento jurídico.
Siendo de capital importancia los aspectos anteriormente tratados, no cabe ignorar que la efectiva materialización de la seguridad jurídica se anuda a la concurrencia de tres factores esenciales: eficacia real de los derechos fundamentales y libertades públicas explícitamente reconocidos en un texto constitucional, régimen democrático que garantice el principio de soberanía popular y un eficaz sistema de división de poderes. A ello cabe añadir, con especial énfasis, la exigencia de un Poder Judicial verdaderamente independiente y únicamente sometido al imperio de la Ley, pues sólo así se dará cumplida respuesta al derecho a la tutela judicial efectiva, tan estrechamente vinculado a la seguridad jurídica.

Sirvan los aspectos tratados en estas reflexiones como una modesta aproximación para el establecimiento de unos indicadores de seguridad jurídica, que es uno de los aspectos más importantes a debatir en el I Congreso Bienal sobre Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica que se va a celebrar en breve en Girona. La fijación de unos parámetros aptos para calibrar la aplicación realde este principio en los Estados, servirá de acicate para alcanzar un mayor grado seguridad jurídica y, a su vez, establecer un referente válido para los ciudadanos extranjeros en garantía de sus derechos individuales; los gobiernos, las instituciones y las empresas que pretendan desarrollar actividades económicas o profesionales en los diferentes países en esta Región del Mundo que tanto peso está adquiriendo en el concierto internacional.