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LAS BARRERAS JURÍDICAS ESTRUCTURALES DEL EMPLEO DE LOS JÓVENES: ENTRE LA FRUSTRACIÓN Y LA INCERTIDUMBRE...

Autor: Rodrigo Tascón López

Resulta evidente que los jóvenes tienen un problema grave de acceso (y mantenimiento) en el empleo en el actual mercado laboral español. La llamada “generación mejor formada de la Historia de España” se está convirtiendo, con una tasa de desempleo superior al 50%, en una verdadera “generación perdida”, sin más alternativa que el desempleo o la inmigración.

Desde luego, a tan desalentadora situación coadyuvan causas diversas (algunas sociológicas, otras económicas…); no es descartable que algunas de esas “barreras” (más o menos invisibles) que impiden a un porcentaje significativo de jóvenes acceder a un puesto de trabajo vengan dadas por algunas normas jurídico-laborales que, preñadas de buenas intenciones, provocan, a la postre, un efecto exclusión devastador.

El presente ensayo, sin poder detenerse a analizar en profundidad todas y cada una de las instituciones jurídico laborales de las que se podría predicar que actúan como barreras al empleo juvenil (algo que requeriría de estudios monográficos individualizados de mucha mayor extensión), sí tratará al menos de efectuar un inventario de las más relevantes.

Inventario de barreras jurídicas estructurales en la contratación de los jóvenes

Como principales barreras (estrictamente) jurídico-laborales (al margen de otros evidentes factores sociológicos o económicos) a la contratación de jóvenes en España, cabe mencionar, al menos y entre otras, a juicio de quien firma el presente trabajo, las siguientes circunstancias:

1- La ineficacia probada de las medidas de fomento del empleo: los jóvenes siempre ha sido un colectivo que se ha “beneficiado” de estas medidas de política activa de empleo, mas, poca duda puede caber respecto a que las mismas han sido escasamente imaginativas (pues, las más de las veces se han limitado a bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social) y de efecto limitado (pues no contribuyen a crear empleo; a lo sumo, a redistribuir el que ya se iba a crear entre colectivos teóricamente débiles o de difícil empleabilidad).

2- La torturada regulación de los contratos formativos: las modalidades contractuales perfiladas en el art. 11 del ET para servir de cauce a la contratación de jóvenes (contrato en prácticas y contrato para la formación y aprendizaje) han sufrido en los últimos tiempos un cambio constante. Sus orquillas de edad y sus límites en cuanto a la duración y retribución han sido repetidamente modificados por el legislador (hasta llegar al esperpento de condicionar algunas circunstancias de los mismos a que el desempleo se situara por debajo de un 15%). Estos repetidos cambios legales se efectuaban, sin duda, en el entendimiento que de eran precisamente las circunstancias modificadas las que refrenaban la firma de tales contratos y, por tanto, impedían o limitaban la contratación de los jóvenes. En realidad, el cambio constante ha terminado por crear una situación difícilmente cognoscible, que hace muy difícil para las pequeñas y medianas empresas su cabal utilización, impidiendo, por tanto, que alcanzaran satisfactoriamente su finalidad, que no es otra que la de permitir la contratación de jóvenes (facilitando unas condiciones de trabajo un tanto suavizadas respecto a un trabajador comparable).

3- La excesiva permisividad con la figura de la beca: en un contexto laboral de desempleo masivo, son muchas las empresas en las que dejar de ser becario para pasar a formar parte de la plantilla de trabajadores se ha convertido en tarea prácticamente imposible. La crisis ha hecho aflorar un género hasta ahora desconocido: la figura del eterno becario. Se trata de un sujeto que mientras cursa sus estudios hace prácticas en diversas compañías hasta que finaliza su formación y que, una vez licenciado, es sustituido por otro estudiante. A este becario profesional no le quedará otro remedio que volver a estudiar cualquier cosa para seguir siendo becario, ya que conseguir un contrato de trabajo está fuera de su alcance.

4- La dualidad laboral como problema y como síntoma: la conocida como dualidad laboral hace referencia a que en el mercado laboral existen dos figuras de trabajadores netamente diferenciadas; la primera, el trabajador indefinido, con la máxima protección que dispensa el ordenamiento laboral; y la segunda, la del trabajador temporal (categoría en la que los jóvenes son legión, como vía de acceso al mundo profesional), cuyo vínculo laboral pende constantemente de un hilo y que son los primeros en ver cómo su relación es extinguida cuando la empresa atraviesa por problemas, al resultar mucho más económica para la empresa. Esto explica, en buena medida, porqué los jóvenes han sufrido especialmente la crisis económica y porqué se ha disparado su tasa de desempleo en los últimos años.

5- La estructura de la indemnización por extinción del contrato de trabajo: como bien es sabido, en España, tales indemnizaciones se calculan por “días de salario” en función de los “años de servicio” en la empresa. Esta situación hace que, llegada una situación de crisis empresarial, a la hora de “elegir” a los trabajadores que van a ser despedidos, exista un poderoso incentivo para escoger a los de escasa antigüedad (pues su compensación económica será mucho menor), lo cual ha supuesto un notable perjuicio para los trabajadores jóvenes (por definición con menor antigüedad que los de mayor edad) en la masiva destrucción de empleo acaecida en los últimos años.

A modo de breve conclusión

Todos los factores que se acaban de enumerar constituyen características que, en buena medida, resultan estructurales del actual Derecho del Trabajo español, pues están asentadas y cuentan con tradición y arraigo suficientes y son aceptadas acríticamente, lo que hace arto difícil su cambio radical.
Desde luego, nadie puede dudar (y no es esa la finalidad del presente trabajo) acerca de que, en origen, son medidas bienintencionadas que han tratado de favorecer una justa protección (el menos ajustada a la conciencia social del momento histórico) de los trabajadores en general.

Que, en concreto, su existencia esté favoreciendo (de forma refleja) una suerte efecto exclusión de los trabajadores más jóvenes, es una cuestión que merecerá de un estudio y reflexión sosegados. Las medidas que los distintos gobiernos han ido improvisando a lo largo de la crisis (y que han tenido sus últimas manifestaciones, tras las reformas laborales más profundas de 2010 y 2012, a través del RD 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores) no parece que están funcionando, lo que invita a pensar que la solución del problema necesitará de medidas más meditadas.

Sea como fuere, crear unas condiciones --económicas y jurídicas-- adecuadas para que los jóvenes españoles puedan encontrar un puesto de trabajo en España se está convirtiendo en un reto dramático, en el que, como sociedad, nos jugamos un importante porcentaje del futuro.