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EL CONVULSO MUNDO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA...

Autor: Juan José Brenes Barrera

Como de todos es sabido, las inversiones en Energías Renovables en España se han visto perjudicadas de forma sistemática por los planes y medidas urgentes aprobados por el Gobierno en los últimos años. La falta de previsión, la improvisación y, fundamentalmente la no asunción por el Gobierno de sus errores en este sector, han tenido como consecuencia la desconfianza de los inversores tanto nacionales como internacionales. 

“Durante los últimos tres años el Gobierno ha venido introduciendo modificaciones regulatorias en el sector, intentando solventar la situación de déficit tarifario achacado a la retribución primada de la Energías Renovables”

Durante los últimos tres años el Gobierno ha venido introduciendo modificaciones regulatorias en el sector, intentando solventar la situación de déficit tarifario achacado a la retribución primada de la Energías Renovables. En julio de 2013, con la publicación del Real Decreto Ley 9/2013, el Gobierno sienta los “principios” para la articulación de un nuevo régimen retributivo para las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de Energías Renovables, cuyo desarrollo reglamentario, a fecha de hoy, sigue sin aprobarse definitivamente. La reciente publicación del borrador de la Orden Ministerial que principalmente aprueba los parámetros retributivos de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables no solo no han despejado ninguna incógnita sino que al contrario, sigue creando mayor incertidumbre.

Tanto la publicación del Real Decreto Ley 9/2013 como el borrador de la Orden que cumplimentan su desarrollo continúan perjudicando a los inversionistas. En ningún modo se cumplen las premisas que quiere hacer valer el Gobierno, al indicar que este régimen retributivo cubre los costes de inversión que una empresa eficiente y bien gestionada no pudiera recuperar en el mercado.

Con posterioridad, con la entrada en vigor de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, el desconcierto en el sector se agrava. Se erige a los titulares de instalaciones como prestamistas del sistema de liquidación, pues se establece que en el supuesto de producirse desajuste entre los ingresos y costes del sistema eléctrico, dichas desviaciones serán soportadas por los sujetos del sistema de forma proporcional a la retribución que les corresponda en cada liquidación mensual, pudiendo recuperar dichas aportaciones entre las liquidaciones correspondientes a los cinco años siguientes al ejercicio en que se hubiera producido dicho desajuste temporal a un tipo de interés en condiciones equivalentes a las del mercado. Por tanto, se convierte a los inversores en prestamistas del Estado sin que estos tengan opción a negarse, creándose por tanto una “figura jurídica novedosa”.

Ante esta nueva normativa, que no deja de ser llamativa, no podemos más que mostrar nuestra preocupación. ¿Cuáles serán los desajustes del sistema?, ¿cómo recuperaremos esas aportaciones? y ¿cuándo?, y sobre todo durante ese período de tiempo ¿quién pagara a nuestros acreedores?, ¿deberán de soportar nuestros acreedores -bancos- los desajustes del sistema?, o ¿sólo lo soportan los inversores?.

A la espera de la publicación del Real Decreto definitivo que regule cuáles son los ingresos que se van a obtener por los inversores en Energías Renovables, creemos que deberíamos plantearnos una serie de cuestiones: ¿en cuánto se van a reducir nuestros ingresos? ¿Qué hacer ante este nuevo escenario?.
Son muchos los empresarios del sector que, a la vista de la publicación del borrador de la Orden Ministerial que aprueba los parámetros retributivos de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de Energías Renovables, y tras analizar sus costes de inversión, atisban problemas de liquidez que dificultan hacer frente a sus compromisos de pago. Estos deberán buscar fórmulas que les permitan cumplir con sus compromisos de pago, bien negociando una reestructuración de la deuda o bien incrementando su aportación de capital.

En el supuesto de no poder solventar los problemas de Tesorería, y por ende encontrarse ante situaciones en que se prevea una situación de iliquidez que impida cumplir puntual y regularmente con las obligaciones de pago, el Ordenamiento Jurídico Español obliga a presentar concurso de acreedores. La presentación del concurso puede culminar con la liquidación de la empresa, o dar lugar a un convenio de acreedores que posibilite salvar a aquellas empresas que se consideren total o parcialmente viables.

La nueva regulación del sector energético, vuelve a cambiar las reglas del juego, perjudicando a los inversores que confiaron en el Gobierno Español, viéndose obligados a adoptar decisiones que en ningún caso serán agradables. Los pequeños inversores serán los grandes perjudicados por su falta de capacidad de reacción.