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TASAS JUDICIALES...

Todo lo que ha generado en España la nueva ley de Tasas Judiciales

Autor: FORJIB.

La nueva ley de tasas aprobada por el Gobierno de España en el pasado mes de noviembre de 2012 no ha estado exento de polémica desde el principio. Todos los órganos judiciales de nuestro país han manifestado su disconformidad con esta nueva medida, ya que aseguran que vulnera el derecho fundamental de defensa de todos los ciudadanos, puesto que limita el acceso a la justicia por razones económicas. La ley de tasas ya existía en España pero únicamente era aplicable a las personas jurídicas, mientras que la reforma aplicada incluye a las personas físicas, lo que supone que todos los ciudadanos tendrá que abonar determinadas cuantías en función del procedimiento que quieran llevar a los tribunales. 

El pasado 21 de noviembre de 2012 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la reformaba llevada acabo en la ley de tasas ya existente en España, y se hacían publicas las cuantías tributarias que los ciudadanos han de pagar por tener derecho a iniciar determinados procedimientos judiciales.

No es hasta el 17 de diciembre de 2012 cuando entra en vigor esta nueva ley y ese mismo día la Asociación de Abogados Ius et Fides presentó dos recursos presentados ante ella:

• El primero, un Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional frente a la Ley 10/2012, conocida como Ley de Tasas.

• Y un segundo recurso contencioso administrativo frente a la Orden del Ministerio de Hacienda en la que se regulaba el modelo 695 de liquidación de tasas.

El posicionamiento de todo el ordenamiento judicial del país no se hizo esperar, los fiscales, los jueces, los abogados... y todos los órganos que forman el poder judicial han estado de acuerdo desde entonces a un rotundo NO a las TASAS.

Desde ese momento han sido muchas las minifestaciones que se han realizado en la mayoría de las ciudades españolas, para pedir al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que anulara esta nueva normativa, que para todos ellos es absolutamente injusta con los ciudadanos.

La ley de tasas continúa estando en vigor y se sigue aplicando a todos los procedimientos judiciales, pero los órganos del sistema judicial no cesan en su lucha y mantienen las acciones de protesta ante ella, además de mantener la solicitud de diálogo con el ministro de Justicia para tratar de subsanar lo que para ellos es una vulneración del derecho fundamental de acceso a la justicia que cualquier ciudadano debe tener.

Uno de los aspectos más criticados de esta nueva ley de tasas ha sido la desproporcionalidad de los costes que suponen determinados procedimientos, además del hecho de que se asemeje como igual a las personas físicas y a las personas jurídicas a las hora de la cuantía de tasa que se debe abonar. Las tasas que tendrán que pagar los ciudadanos españoles serán:

Sonia Gumpert, actual decana del Colegio de Abogados de Madrid, siempre ha defendido una postura muy firme ante la ley de tasas y en la última manifestación celebrada en la capital española convocada por la plataforma “Justicia para Todos”, de la que forma parte el Consejo General de la Abogacía, estuvo en la cabeza de la misma y declaro: “Esperamos que el ministro nos escuche, ya que todos los operadores jurídicos estamos alineados contra esta Ley por limitar un derecho fundamental que es el acceso a la justicia de los ciudadanos”.

La actual Decana tiene muy claro cual es el principal problema, “mi reproche de esta ley como jurista es que las tasa son muy elevadas y desproporcionadas y que además sitúa en condiciones de igualdad a las personas físicas y a las jurídicas”.

Para esta recién estrenada Junta de Gobierno uno de los principales problemas es que la carga económica que conllevan las nuevas tasas es mucho mayor para las personas físicas, “además en derecho siempre se les ha considerado como una parte más débil”, aseguro Sonia Gumpert. 

El nuevo gravamen a determinados procedimientos judiciales es defendido por el ministerio de Justicia en primer lugar por un hecho meramente económico, ya que la situación de crisis actual hace que se deban tomar medidas con las que salvaguardar el funcionamiento del sistema, pero también, desde el minsiterio también se defiende la necesidad de descongestionar los juzgados de procedimientos. Esto no quiere decir quieran limitar a los ciudadanos que accedan a la justicia, pero sí que se acuda a ella cuando es realmente necesario.

En cuanto a este tema la señora Gumpert tiene claro que es cuestión de sopesar las cosas, y ver cuáles son las más importantes. “La sensación que yo percibo en los juzgados es que están bastante más vacíos, en ese sentido la ley si que ha conseguido esa efectividad, pero es cuestión de poner valores en la balanza”, afirmó la Decana del ICAM.