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MEMORIA HISTÓRICA: QUERELLAS EN ARGENTINA...

En Octubre de 2007 se promulgaba en España la ley de Memoria Histórica por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. Las víctimas aseguran no haber encontrado justicia en España y por ello en el año 2010 fueron hasta Argentina en donde se presentó la primera querella, actualmente la jueza María Servini de Cubría es la magistrada responsable de la causa y está tomando declaración a los numerosos demandantes que se han sumado a la primera querella interpuesta hace tres años. 

Los abogados Ana Mesutti y Carlos Slepoy nos cuentan las principales resoluciones adoptadas e incidencias producidas en la causa criminal nº 4591/2012 del juzgado nacional en lo criminal y correccional federal nº1 de la república argentina, a cargo de la jueza Dña. María Servini de Cubría, por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en españa entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977:

La querella, presentada el 14 de abril de 2010, recayó por sorteo en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a cargo de la jueza federal María Servini de Cubría, dando origen a la causa criminal 4.591/2010.

La jueza dio traslado del escrito de presentación al fiscal asignado, Federico Delgado, a efectos de que informara sobre su procedencia. El 29 de abril éste emitió dictamen en el sentido de entender acreditada de un lado la existencia de crímenes contra la humanidad y, de otro, que los tribunales argentinos tenían competencia para intervenir en virtud del principio de jurisdicción universal aunque, sostenía, los delitos estaban siendo objeto de investigaciones judiciales en España. En consecuencia, estimando subsidiaria la jurisdicción del tribunal argentino, opinaba que procedía el archivo de las actuaciones.

Por resolución de 5 de mayo la jueza, sin entrar en el fondo del asunto, acordó el archivo de la querella por imposibilidad de proceder en el entendimiento de que, tratándose de delitos de acción pública, no podían proseguir las actuaciones ante la inhibición del Ministerio Público. Dispuso además que, en todo caso, sólo los familiares hasta el segundo grado podían eventualmente querellarse.

Presentado recurso de apelación por parte de los querellantes, fundado en la irrelevancia de la negativa del fiscal a ejercitar la acción pública, toda vez que existían acusadores particulares que sostenían la acción, con fecha 3 de octubre la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal acordó estimar el recurso, ordenar la reapertura de las actuaciones e indicar a la jueza que debía enviar una comisión rogatoria a España requiriendo a sus autoridades para que le informaran acerca de si se estaban investigando judicialmente los hechos. Igualmente, y en resolución paralela dispuso que, dada la gravedad de los crímenes, todo familiar, aún lejano, podía ejercer la acción, además de las asociaciones entre cuyos objetivos estatutarios genéricos estuvieran la defensa y promoción de los derechos humanos o, específicamente, la memoria histórica y/o la denuncia de los crímenes del franquismo.

El 14 de octubre la Magistrada dictó resolución por la que acordó remitir exhorto internacional a las autoridades españolas en los términos ordenados por la Cámara Federal, precisando que debía ser informada, en caso de afirmarse que los hechos se estaban investigando, acerca de qué juzgados y con qué número de procedimiento estaban interviniendo, solicitando que se le remitieran constancias documentales de los mismos. Agregaba que se le habría de informar igualmente sobre el plan deliberado, sistemático y legalizado de apropiación de niños en el período temporal a que se contrae la querella.

“El 3 de octubre la Cámara Federal de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional Federal acordó estimar el recurso,
ordenar la reapertura de las actuaciones”

La Fiscalía General del Estado de España emitió un voluminoso informe de fecha 6 de mayo de 2011, recibido en el Juzgado argentino el 28 de junio, en el que afirmaba, en síntesis, que los hechos a los que se refería el exhorto estaban siendo objeto de investigación en diversas instancias judiciales. Aludía en tal sentido a que la causa abierta contra el juez Garzón por la investigación de los crímenes del franquismo se encontraba pendiente de juicio y sentencia; que el Tribunal Supremo no había resuelto aún sobre el alcance de la jurisdicción respecto de estos delitos y, en su caso, cuáles serían los juzgados competentes; que había múltiples procedimientos abiertos en juzgados provinciales y locales a causa de los testimonios remitidos por Garzón a los mismos cuando se inhibió de seguir conociendo – aunque reconocía que la inmensa mayoría habían sido archivados por prescripción, irretroactividad de la ley penal más desfavorable o estimación de que las víctimas de desaparición forzada ya habían fallecido y sólo tres juzgados mantenían abiertas diligencias en procura de ubicación de fosas o exhumación de cuerpos y dos mantenían suspendido el procedimiento a la espera de que el Tribunal Supremo resolviera acerca de la competencia de los tribunales españoles -; y que se habían habilitado, en distintos lugares del país, unidades de la fiscalía para investigar la apropiación de menores, muchas de las cuales podrían estar comprendidas dentro del período investigado en la querella.

“La Fiscalía General del Estado de España afirmaba que los hechos a los que se refería el exhorto estaban siendo objeto de investigación en diversas instancias judiciales”

Este informe fue contestado extensamente por los querellantes denunciando su mendacidad y solicitando que se remitiera por el Juzgado un nuevo exhorto a efectos de que, entre otras medidas, por las autoridades españolas competentes se le informara acerca de los nombres, apellidos, demás datos de identificación y supervivencia, en su caso, de muchos – asesinos, torturadores, secuestradores, jueces, ministros, mandos del Ejército, la Guardia Civil, la Falange y las otras Fuerzas de Seguridad – de los que aparecen en la querella inicial, y en las que con posterioridad se han ido incorporando, como criminalmente responsables de los delitos cometidos. Solicitaban asimismo a la jueza que acordara viajar a España con objeto de tomar declaración a víctimas y testigos.

El 13 de noviembre la jueza emitió exhorto, que fue remitido inmediatamente a las autoridades españolas, acogiendo todas las pretensiones de los querellantes, a excepción de su viaje a España, que dejó diferido para otro momento.

Mediante informe de 27 de marzo de 2012 la Fiscalía General del Estado respondió, esta vez en forma mucho más breve y lacónica, reiterando sus argumentaciones y sugiriendo a la jueza que remitiera todas sus actuaciones a España para ser incorporados a los procesos en curso.

Es relevante destacar que, para dicha fecha, ya se había dictada la sentencia de 27 de febrero de 2012, en la causa general 20048/2009, que absolvió al juez Garzón – previamente condenado e inhabilitado por la causa de las escuchas telefónicas en el caso Gürtel - , resolución aprovechada por el máximo Tribunal para dejar sentado que los crímenes del franquismo no podían ser investigados en España a causa de la ley de Amnistía, la prescripción de la acción penal, el principio de legalidad y la presunción de que todos los desaparecidos están muertos. Pocos días después, el 28 de marzo, se dictaría Auto por el mismo Tribunal acordando, engañosamente, que la competencia para conocer de los hechos correspondía a los juzgados provinciales, pero que estos no podían en realidad investigarlos porque así lo había dispuesto la sentencia de 27 de febrero. En definitiva, sólo estaban autorizadas a intervenir las Administraciones Públicas, sin que pudiese haber lugar a ninguna investigación penal.

“La jueza adoptó la decisión de efectuar videoconferencias, que se realizarán desde el Consulado argentino en Madrid”

Recibida esta contestación la jueza dictó diligencia acordando viajar a España. La fecha finalmente fijada fue la de las segunda y tercera semanas de septiembre. A tal efecto solicitó habilitación de fechas y presupuestos a la Corte Suprema de Justicia argentina, manifestando que su intención era trasladarse con el secretario del Juzgado y otros cuatro funcionarios. La Corte habilitó el viaje pero redujo el número de días, autorizando diez, y dejando limitado el número de funcionarios a la jueza y el secretario. A pesar de los insistentes pedidos, efectuados por múltiples personas y organismos, tanto desde España como en Argentina para que viajara aún en esas condiciones, la jueza resolvió suspender el viaje por estimar que, el tiempo y el número de personas asignadas, era insuficiente a efectos de cumplir sus objetivos. Debe destacarse en todo caso que todas las instancias judiciales argentinas: el Juzgado, la Cámara Federal y la Corte Suprema avalan y promueven la persecución de la causa.

A raíz de ello la jueza adoptó la decisión de efectuar videoconferencias, que se realizarán desde el Consulado argentino en Madrid, para que declaren algunos de aquellos que no pudieron hacerlo a causa de la suspensión de su viaje. 

“Se está a la espera de que sean fijadas las fechas de las
declaraciones. Un primer intento se frustró a principios del mes de mayo del presente año ante la queja del gobierno español”

El 22 de noviembre de 2012 los querellantes presentaron – junto a miles de adhesiones que fueron antes entregadas por la Red de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo (Red AQUA) en la embajada argentina en Madrid - un escrito ante el juzgado con los nombres, demás datos de identificación y breve resumen del que será el contenido de sus testimonios, de las primeras veinte personas que declararán por este medio.

Se está a la espera de que sean fijadas las fechas de las declaraciones. Un primer intento se frustró a principios del mes de mayo del presente año ante la queja del gobierno español. Sin embargo esta actitud despertó un aluvión de críticas tanto en España como en Argentina y se prevé que fechas próximas se realicen las videoconferencias que fueron aplazadas.

Finalmente, se ha presentado por los querellantes un escrito a efectos de que se impute, y se dicten en definitiva órdenes internacionales de detención, contra varios.