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EL MINISTRO DE JUSTICIA DE ESPAÑA, ALBERTO RUIZ GALLARDÓN, DIMITE...

El 22 de diciembre de 2011 se anunciaba el nuevo ministro de Justicia español, Alberto Ruiz Gallardón tomaba posesión del que ha sido el cargo más polémico de los últimos años. Desde que llegara al ministerio sus propuestas de reformas no han estado exentas de grandes controversias, tanto con los ciudadanos como con los representates de la poítica, incluyendo a los de su propio partido, el Partido Popular (PP). 

En su primera comparecencia parlamentaria como ministro de Justicia, anunció su intención de reformar la Ley del Aborto aprobada por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, que era una ley de plazos como la existente en la mayoría de los países europeos pero que fue muy criticada por la Iglesia Católica y por el propio Partido Popular (especialmente en el tema de las menores entre 16 y 18 años que podían abortar aunque no tuvieran el consentimiento de sus padres), para volver al modelo de la ley de 1985, en la que las mujeres tenían que alegar motivos para justificar su decisión. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, perteneciente también al PP, anunció la retirada de esta nueva propuesta, lo que ha llevado a que el señor Gallardón anunciase su dimisión el pasado 23 de septiembre. 

España ya tiene quien sustituya al Alberto Ruiz Gallardón, y el nuevo ministro de Justicia es Rafael Catalá Polo, que hasta la actualidad ha sido Secretario de Estado de Infraestructuras. 

Otras polémicas durante el mandato de Gallardón

Como hemos comentado las polémicas durante el mandato del ya ex ministro de Justicia han sido muchas durante estos casi dos años, las de mayor relevancia han sido: 

Su propósito de cambiar la forma de elección de los 12 vocales magistrados del Consejo General del Poder Judicial, volviendo al antiguo sistema de elección directa por parte de los jueces, debido a que todos los vocales eran copados por una única asociación de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura. 

La aprobación de un anteproyecto de ley por el que se suben las tasas judiciales entre 50 y 750 euros, elaborado por el Ministerio de Justicia. Su finalidad, según el gobierno, es paliar la saturación de los juzgados y a su vez sufragar la justicia gratuita y también se pretende evitar que lleguen a los juzgados conflictos que pueden solucionarse a través de otras vías Pero, según la oposición, esta subida limita el acceso de muchos ciudadanos con ingresos medios o bajos a la administración de justicia.