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MODIFICACION DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES SOCIALES EN LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL TRAS LA MODIFICACION OPERADA POR LA LEY 31/2014, DE 3 DE DICIEMBRE...

Autor: Cristóbal Ramo, Pajares & Asociados, abogados

El 24 de diciembre de 2014 entró en vigor la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modificó la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.

Entre las novedades que supone dicha Ley, una de las más trascendentes es la relativa al régimen de responsabilidad de los administradores sociales, que se regula en los artículos 236 a 241 bis, ambos inclusive, de la Ley de Sociedades de Capital.

La reforma operada en dicho régimen de responsabilidad supone una variación importante en el desempeño del cargo de administrador, estableciendo, en el art. 236, una serie de presupuestos y extensión subjetiva de la responsabilidad, que consiste en lo siguiente:

1.- Se concreta el régimen general de responsabilidad, añadiendo que la misma sólo existirá cuando haya intervenido dolo o culpa, estableciendo una presunción, salvo prueba en contrario, de existencia de culpabilidad, cuando el acto sea contrario a la Ley o a los Estatutos sociales.

2.- Se mantiene la no exención de responsabilidad por el hecho de que el acto o acuerdo lesivo se haya adoptado, autorizado o ratificado por la Junta General, de tal manera que el administrador responsable no podrá ampararse en lo que haya decidido dicha Junta General.

3.- Se extiende la responsabilidad de los administradores al administrador “de hecho”, ofreciendo, además, una definición del mismo, quien será, tanto la persona que en la realidad del tráfico desempeñe sin título, con un título nulo o extinguido, o con otro título, las funciones propias de administrador, como, en su caso, aquélla bajo cuyas instrucciones actúen los administradores de la sociedad. Esto es, quien, en la práctica, aunque no figure como tal, ejerza las funciones de administrador, también será responsable de sus actos u omisiones que causen daño, por dolo o culpa, a la sociedad, a los socios o a terceros, acreedores sociales.

4.- Para los supuestos en los que no exista una delegación permanente de facultades del consejo en uno o varios consejeros delegados, todas las disposiciones sobre deberes y responsabilidad de los administradores se aplicarán a quien, con independencia de la denominación que se le dé, tenga atribuidas las facultades de más alta dirección de la sociedad. Es decir, en los casos de que el órgano de administración se configure como Consejo de Administración y no se haya nombrado ningún Consejero Delegado, al alto directivo de la sociedad que tenga atribuidas las facultades de dirección se le aplicará el régimen de responsabilidad de administradores.

5.- Por último, para los supuestos en los que se designe como administrador a una persona jurídica, la persona física a la que se encomiende el ejercicio de tales funciones en nombre de la persona jurídica - administrador con carácter permanente, deberá reunir los requisitos legales establecidos para los administradores y, además, estará sometida a los mismos deberes y responderá solidariamente con la citada persona jurídica – administrador. Ello supone que en los casos, cada vez más habituales, en los que se nombra como administrador de una sociedad a otra persona jurídica, la persona física que sea designada por esta última para el ejercicio de tales funciones de administración responderá solidariamente con la sociedad designada administradora de la primera sociedad.

Resulta especialmente importante, asimismo, la modificación que se opera en el art. 239 de la Ley de Sociedades de Capital en lo que hace referencia a la legitimación de la minoría. Anteriormente a la reforma, la Ley configuraba dicha legitimación como subsidiaria. Parece más adecuada la redacción actual, “legitimación de la minoría” porque configura un derecho autónomo y directo de los socios minoritarios para poder entablar la acción de responsabilidad en defensa del interés social.

Dicha legitimación la ostentan el socio o socios que posean individual o conjuntamente una participación que les permita solicitar la convocatoria de la junta general. Esta redacción parece más acertada ya que deja claro que puede ser ejercitada por uno o varios socios sin mayor requisito que la posesión, individual o conjunta, de una participación que permita solicitar la convocatoria de junta general. Anteriormente se hacía referencia a socios en general, lo que no dejaba clara la posibilidad de ejercicio conjunto de la acción. En el ámbito de la legitimación, el nuevo artículo 239 realiza una referencia genérica a la posesión de una participación que permita solicitar la convocatoria de junta general, al contrario que la redacción anterior que concretaba esta participación en un 5%. Cierto es que, hoy por hoy, ése es el porcentaje exigido en la Ley para poder solicitar la convocatoria de junta general, pero parece adecuado unificar el criterio de tal forma que el socio mayoritario que pueda convocar la junta general esté legitimado para exigir la responsabilidad de los administradores, independientemente del porcentaje que se pudiera exigir en el futuro para la solicitud de convocatoria.

Además, esa acción es directa. Esto es, a diferencia del artículo 239 anterior, en el caso de que la acción social de responsabilidad se fundamente en la infracción del deber de lealtad, se podrá ejercitar la acción social de responsabilidad sin necesidad de someter la decisión a la junta general.

Pero, quizá, la novedad más importante de este artículo 239 estriba en su párrafo segundo, que prevé la obligación de la sociedad a reembolsar a la parte actora los gastos necesarios en que hubiera incurrido en caso de estimación total o parcial de la demanda.  

Asimismo, el nuevo artículo 241 bis de la LSC regula la prescripción de las acciones de responsabilidad y dispone que la acción de responsabilidad contra los administradores, sea social o individual, prescribirá a los cuatro años a contar “desde el día en que hubiera podido ejercitarse”. Anteriormente a la reforma operada por Ley 31/2014, dicho plazo de cuatro años había de comenzar a contarse, conforme al art. 949 del Código de Comercio, “desde que por cualquier motivo cesaren en el ejercicio de la administración”.