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NADA PODRÁ SER COMO FUE...

Autor: Francisco Arnau Navarro

Con suficiente perspectiva parece hoy claro que la crisis económica nos sorprendió tocando el arpa celestial. La ensoñación de entonces impidió a quienes tenían el deber de otear el futuro sortear las amenazas que se cernían sobre el sistema. En particular las que iban a recaer sobre el mercado de trabajo y las relaciones laborales, sus formas y sus fondos. Nunca ha estado más claro que la parte del ordenamiento jurídico que regula el intercambio de trabajo por salario sufre el complejo de Peter Pan en el sentido que le atribuye Romagnoli de no querer ser adulta.

“La arquitectura no consolidada del derecho laboral se ha resentido hasta el punto de que en muchos países, como España, está agrietándose para cimentarse en bases totalmente nuevas” 

La arquitectura no consolidada del derecho laboral se ha resentido hasta el punto de que en muchos países, como España, está agrietándose para cimentarse en bases totalmente nuevas que vayan ustedes a saber qué nuevo edificio van a tener que soportar. Eso sí, nadie influyente en las decisiones del cambio admite que no se haga éste con el firme propósito social de crear empleo y fortalecer la cohesión social. Y en lo que respecta a los perdedores en el proceso de toma de decisiones, fundamentalmente los sindicatos, sus propuestas no suelen ir más allá de la reivindicación a la vuelta a la situación anterior a la crisis que juzgaron inmutable.

Pero si existe un derecho sometido al vaivén de cada circunstancia económica sabemos que es el derecho laboral. También, hay que decirlo, con estrecha vinculación a falsos profetas que justifican sus ideas innovadoras en redimirnos del paro y del trabajo basura. Que no falte la ética aunque tan sólo fuera por mera estética.

Una de las claves de bóveda que, no obstante, habría que conservar es el principio de autonomía colectiva y, más en concreto, el valor normativo acreditado de los convenios y pactos colectivos, auténtica alma mater de un derecho autoregulado por sus protagonistas, empresarios y trabajadores. Sin embargo, en el nuevo camino empezado se va poniendo en duda todo lo que no sean pactos internos en cada empresa prescindiendo del sector y del territorio en el que se desenvuelve. No me propongo aquí juzgar o valorar el nuevo escenario. Lo constato.

Un clamoroso ejemplo del viraje hacia la autonomía empresarial en esta materia lo constituye la Guía “Nueva Cultura de Empresa” publicada en enero pasado por la patronal vasca de Guipuzkoa Adegi. Existen otros.

La propuesta se justifica en que estamos “ante un cambio de época que requiere una transformación de la cultura de empresa”. Vaya por delante mi impresión de que al cambio de cultura de empresa debe precederle el cambio en la cultura empresarial de los que las dirigen. La cabeza y la actitud siempre por delante de los esquemas en papel o digitales. La Guía se propone impulsar “una interlocución directa con las personas de nuestras empresas sin olvidar el cumplimiento de las obligaciones para con los representantes legales de los trabajadores”. Mientras el cambio cultural se predica tanto para la propiedad/ dirección como para los trabajadores su consistencia colectiva se desvanece en tanto que se afirma que “el cambio lo debemos liderar nosotros”, las empresas.

Lógicamente se admite que no va a resultar una tarea fácil. Un camino largo, se acepta, no exento de obstáculos y resistencias. Para sobrellevarlo, es necesario tener un ”Plan de Acción” en cada empresa que cuente con las herramientas legales de flexibilidad organizativa ofrecidas por la legislación.

Hasta aquí no habría mucho que criticar salvo que se cuela, de rondón, la preferencia por la interlocución personal sobre la colectiva. Cierto que aquí las cosas parece también que han cambiado dado que, según ha admitido la propia OIT (Cambios en el mundo del Trabajo), los trabajadores más cualificados llegan a competir hoy entre sí en materias de su ocupación y salarios. Habrá que responderles, por ello, desde la empresa negociando cada circunstancia en cada contrato de trabajo. Aunque no es obstáculo que el convenio colectivo pueda amparar estas situaciones.

Me opongo, en cambio, cuando se decide que la prosperidad de cada empresa dependa del objetivo de “aumentar la productividad y contener o variabilizar los costes salariales”. Aceptando el “palabro” habría sido más justo o, incluso, más sensato proclamar la susodicha “variabilización” en función de la productividad alcanzada. Sin más. Este cambio de cultura es sin duda una regresión. Tanto más cuanto el factor humano es a cada realidad empresarial el sine qua non indispensable a toda ganancia, con el permiso de robots y otros artilugios también necesarios.

En descargo de lo anterior puede aceptarse que la negociación “con las personas” se combina con la orientación a conseguir un acuerdo colectivo con los trabadores/as mediante ya sea un convenio colectivo o un pacto de empresa. Imagino que las contradicciones entre lo personal y lo colectivo deberán ir limándose a fuerza de práctica.

Más preocupante parece ya en el orden puramente institucional público, por una parte, el número excesivo de Leyes y, por si esto no fuera poca deficiencia, la contradicción de las de rango inferior con las de superior jerarquía.

En lo que a la cantidad se refiere, pese a que el número de Leyes nos abruma el Derecho, en cambio, se resiente, tal vez fatigado por tal volumen. Pienso que habría que hacer más Derecho con menos normativa aplicando el método del jazzista Count Basie de quien, se dice, que cuantas menos notas tocaba más convencía dando, incluso, mucho sentimiento a los silencios que no dejan de ser figuras musicales.

La fuerza vinculante de los Convenios tiene en España un anclaje constitucional (Art. 37.1 de la CE) lo que significa “el reconocimiento constitucional de la eficacia normativa del pacto colectivo, esto es, de su carácter de norma creadora de derecho objetivo” (Palomeque). Es más, al Poder Legislativo se le atribuye la obligación de “dar efectividad y apoyo al proceso de negociación y a su resultado” (Sentencia 208/1993 del TCE). El viraje hacia otras rutas producido en los últimos tiempos, manteniendo el mismo texto constitucional, es palabra mayor que conduce a la derogación por vía de hecho de una norma superior de regulación de la convivencia aprobada en referéndum y caída en desuso por desidia. También del propio Legislativo. Grave asunto.

(Continuará)