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NOTAS SOBRE ASPECTOS DEL ARBITRAJE EN EL SISTEMA LEGAL MEXICANO...

Autor: Mauricio Jalife Daher, Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México

Las resistencias que tradicionalmente han existido en contra de los medios alternativos de solución de controversias, en las diversas áreas jurídicas, lenta pero inexorablemente ceden terreno ante la validación, fáctica y documental, de su eficacia.

“El número de casos que han sido resueltos hasta la fecha, acreditan, sin lugar a dudas, que la decisión de sacar ventaja del procedimiento arbitral fue acertada”

La principal resistencia que a lo largo de los años se ha detectado obedece a posiciones altamente formalistas, que aprecian en los términos judiciales y en las solemnidades procesales de las Cortes, una suerte de reserva exclusiva de administración de justicia que reivindica el ejercicio del poder a través de la sublimación de los Jueces y Magistrados como depositarios de los poderes del Estado. Para estas posiciones, delegar funciones de mediación o arbitraje en particulares es una forma de privatización de la justicia que despoja al estado de esta función primordial, abaratando el ejercicio de una ciencia que, según su visión, debe seguir concentrando el monopolio para decretar que está con la ley, o que está en su contra.

Pero hasta las posiciones ideológicas más extremas han tenido que reconocer, a lo largo del tiempo, que los sistemas alternativos de solución de disputas representan una posibilidad eficiente de reducir costos públicos, incrementar la seguridad jurídica general, abatir tiempos y formalidades y reducir significativamente conflictos y tensiones entre partes que constantemente se colisionan en el ejercicio mercantil.

De hecho, podemos afirmar que el ejercicio de facultades mediadoras o arbitrales por particulares, para resolver conflictos entre éstos, es una devolución a la sociedad de lo que, por muy diversas razones, le fue encomendado a los órganos de justicia, como resultado de la estatización de las funciones sociales, por la propia complejidad de las relaciones jurídicas en las sociedades postmodernas. Sin embargo, debe reconocerse que la posibilidad de que la propia sociedad, y especialmente el que algunos de sus miembros mejor entrenados, puedan resolver los conflictos entre particulares, es una forma de garantizar que la justicia se siga ejerciendo de forma civilizada, en un contexto más humano y significante que el de la justicia que suelen administrar las cortes. En este tipo de mecanismos nos encontramos con la ventaja adicional de que la solución a la que se puede arribar a través de estos mecanismos, cuando se deriva hacia procedimientos arbitrales, está dictada por un experto en los temas debatidos, que suele contar con mayor experiencia y precisión que cualquier órgano público de justicia.

Pongamos un ejemplo. Desde que Internet emergió como una poderosa red de comunicaciones y comercio, graves y complejos problemas se han venido presentando en el manejo de “nombres de dominio” (domain names), ya que muchos de ellos violan derechos reconocidos previamente como marcas propiedad de prestigiadas empresas. Los más de 200,000 nombres de dominio que mensualmente se asignan hacen que cada vez se presenten mayores colisiones entre usuarios, y desde luego entre usuarios y titulares de marcas registradas en los diversos países.

Un buen ejemplo de los alcances que los procedimientos arbitrales pueden tener en el ámbito internacional, está dado por el procedimiento que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha venido aplicando en numerosos casos de nombres de dominio, tanto para resolver conflictos entre nacionales de un mismo país, como para dirimir situaciones entre nacionales diversos, que incluso puedan involucrar a registradores de un tercer país. El número de casos que han sido resueltos hasta la fecha, acreditan, sin lugar a dudas, que la decisión de sacar ventaja del procedimiento arbitral fue acertada, atento a la facilidad de ahorro en tiempo, formalidades y gastos que un procedimiento judicial invariablemente supone.

Lo anterior evidencia que la tendencia que claramente domina es la del crecimiento de casos en los que los medios alternativos de solución imperen, en la medida en la que diversos factores de cultura legal y de infraestructura profesional lo faciliten.

Algunas de las razones que justifican que en países como los de la región latinoamericana se opte por medios alternativos de solución son:

1. Los procedimientos judiciales existentes para dirimir diferencias contractuales suelen demorar de 3 a 4 años;

2. Los intereses legales a que se condena a la parte deudora suelen ser inexistentes, y las medidas provisionales dictadas durante el procedimiento son poco eficientes o inexistentes;

3. Los recursos procesales para obtener el pago de honorarios y gastos por los procedimientos judiciales son prácticamente nulos;

4. El árbitro que conoce de un arbitraje es un experto en el tema debatido, mientras que el Juez suele no contar con conocimiento de materias especializadas;

5. El laudo emitido por un árbitro será más ajustado a la realidad de la transacción comercial que le dio origen;

6. Los procedimientos arbitrales pactados contractualmente inhibirán a la parte incumplida de beneficiarse de procedimientos judiciales lentos e ineficientes, evitando que forzen situaciones que conduzcan al rompimiento.

Entre las recomendaciones que pueden formularse para mejorar la implementación de procedimientos arbitrales en países latinoamericanos, me permito formular las siguientes:

1. Revisar el marco constitucional, a fin de dar pleno reconocimiento a los medios de solución alternativos como mecanismos que permiten dirimir diferencias entre particulares;

2. Realizar ajustes en la legislación mercantil, a fin de impulsar los mecanismos de solución alternativa de disputas, y proveer de los mecanismos procesales necesarios para su respaldo y validez;

3. Intensificar la cultura de los medios alternativos de solución de controversias entre la comunidad empresarial, incluyendo la mediación;

4. Apoyar la formación de recursos humanos y técnicos para la conducción y manejo de mediaciones y arbitrajes;

5. Instruir a las empresas y particulares sobre la mejor forma de implementar clausulas de mediación y de compromiso arbitral.

En la concepción de los nuevos marcos constitucionales, la revisión del principio de la justicia gratuita y expedita tiene que ser revisado a fondo, y reflejándonos en la experiencia de otros, y en nuestros históricos rezagos y demoras, dar un paso que empiece por modificar, finalmente, la estructura de un sistema de justicia cuyos goznes y bisagras rechinan cada vez que es hojeado un expediente.

Está finalmente a nuestro alcance la posibilidad histórica de dar un enorme salto de calidad en la administración de justicia, que al propio tiempo redunde en procedimientos con mayor equilibrio procesal, gracias a la transparencia que los propios sistemas aportan.

Estos cambios no se acotan al ámbito de los procedimientos judiciales, o al de la relación de un gobernado con la administración pública; se trata de un cambio generacional que toca las bases mismas de la forma en que percibimos y nos relacionamos con “lo legal”, permitiéndonos un momento esperanzador que las primeras experiencias están delineando.