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REFLEXIONES SOBRE EL IMPACTO PRÁCTICO EN LAS OPERACIONES DE REFINANCIACIÓN O REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA TRAS EL RECIENTE ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE LA CIRCULAR 4/2004...

Autor: Carlos Salinas Peña, Abogado. Socio del área mercantil-financiera de Garrigues

El pasado 30 de abril, la Comisión Ejecutiva del Banco de España, remitió a las entidades de crédito una comunicación que contiene los criterios a seguir en la aplicación de la Circular 4/2004 (que regula las normas para la formulación de las cuentas anuales) en las operaciones de refinanciaciones o reestructuraciones. Dicha comunicación se justifica en la necesidad de unificar las distintas prácticas contables seguidas por las entidades en la aplicación de la citada Circular, según la información recabada de las entidades como consecuencia de la implantación de la Circular 6/2012 (que les obliga a informar con detalle al respecto).

Mucho se ha escrito ya sobre el impacto que tendrá la aplicación de los criterios comunicados en el importe de provisiones adicionales que el sector bancario tendrá que afrontar (importes, que en algunas estimaciones, pueden llegar a ser muy relevantes) el impacto en los resultados de las entidades (y, por ende, en su valoración), e incluso apuntándose qué entidades sufrirán más por su aplicación y cuáles parecen, a priori, que no deberían verse muy afectadas. Pero, es preciso recordar, por otro lado, basada en la experiencia de estos últimos años, que la situación o necesidades particulares de las entidades en la gestión de sus balances y dotaciones de provisiones ha jugado un papel muy relevante a la hora de tomar una postura o decisiones en las operaciones de refinanciación o reestructuración, dinamizando o ralentizando (e, incluso, en ocasiones, impidiendo) el proceso de negociación. El conjugar los intereses y las necesidades de las distintas entidades participantes en un proceso (siendo, habitualmente, un número alto de participantes) y de la propia empresa y de sus socios, hace que este tipo de procesos sean complejos y se alarguen, notablemente, en el tiempo. No cabe duda, que los mismos motivos argumentados por el Banco de España (distintos modelos de negocio y de gestión del riesgo y diferentes prácticas contables entre las entidades) han sido los causantes de que esos intereses y necesidades no fueran, de forma habitual, más o menos coincidentes entre las entidades participantes, que, de haberlos sido, hubiesen facilitado alcanzar una solución basada en la propuesta planteada por el asesor financiero interviniente, en lugar de tener que realizar concesiones a la solución ideal inicialmente propuesta por éste para dar cabida a todas las partes, lo que, probablemente, suponga añadir más incertidumbres aún, además de las propias del sector de que se trate, a la solución alcanzada.

Personalmente, no creo que el establecimiento de los criterios dictados por la Comisión Ejecutiva del Banco de España vaya a suponer un cambio sustancial en el volumen de refinanciaciones –antes concentradas en unos sectores muy determinados y que ahora se han extendido a todos en general, quedando alguno, en particular, pendiente de iniciarse-, ni en los problemas antes apuntados -al fin y al cabo, con esos criterios, previsiblemente, se unificarán los criterios contables, pero no los modelos de negocio, que manteniéndose diversos entre entidades, supondrán que sus intereses sean igualmente distintos en ocasiones (por ejemplo, decisiones de abandono o reducción de riesgo en un sector determinado)-, aunque, es probable, que los supuestos de intereses contrapuestos entre entidades se reduzcan sensiblemente (antes podría darse el caso de que dos entidades con modelos de negocio similares, pudieran no coincidir en el tiempo en las necesidades de gestionar sus balances, produciéndose, en consecuencia, discrepancias que afectaban al proceso).

Sin embargo, el hecho de que los criterios establecidos para que se reclasifique el riesgo de las operaciones de refinanciación o reestructuración de “subestándar” (que deberá ser la calificación habitual a este tipo de operaciones, según apunta la propia Comisión Ejecutiva) a riesgo “dudoso” o “normal” exijan determinados requisitos que, en la práctica, difícilmente se están dando, va a suponer un nuevo cambio en la forma de enfrentarse a este tipo de procesos, tanto si se es asesor legal de las ,entidades, como si se es asesor legal de la empresa a refinanciar o reestructurar. Siendo el objetivo principal de las entidades la clasificación de la operación como de riesgo “normal”, el asesor financiero y el asesor legal deberán trabajar en una estructura que justifique el cumplimiento de los criterios exigidos y, ello, no será tarea fácil, pues, de un lado es habitual encontrase que las empresas no han separado adecuadamente sus negocios, alguno de los cuales, en la actualidad, está especialmente castigado y sobre-endeudado, debiendo la parte del negocio actualmente viable, hacerse cargo de tan pesada carga, y, por otro lado, en el pasado las refinanciaciones se han realizado sobre la totalidad de la deuda, sin realizar diferenciaciones sobre si eran de un tipo de negocio u otro (si bien, es cierto que desde hace algún tiempo, la tendencia es, precisamente, la de diferenciar y separar la deuda por negocios).

Para aquellas empresas que han podido eludir hasta la fecha un proceso de refinanciación o reestructuración de su deuda, pero que prevén de que hay riesgo en el futuro de tener que iniciarlo (como se ha apuntado, las necesidades de ello ya alcanzan a todos los sectores en general), es conveniente que se asesoren correctamente si su estructura de negocio puede facilitar o no su refinanciación tomando en consideración los criterios que las entidades deberán aplicar, y prepararse en caso de que no sea así. Una estructura adecuada, puede incentivar a las entidades a cerrar el proceso rápidamente, antes de que el habitual deterioro del negocio durante la fase de negociación motivado, en una parte, por su alargamiento, puedan hacer que se cuestione el cumplimiento de los criterios aplicables a un riesgo “normal”. Si la empresa no ha tomado tal precaución, será deber del asesor legal y del asesor financiero de las entidades el proponerlo.

En definitiva, el ya de por sí complejo mundo de las refinanciaciones, tendrá un aliciente más, un nuevo reto para los profesionales que intervenimos en estas operaciones de buscar soluciones satisfactorias para los intereses de todas las partes involucradas y que implican a distintas áreas del derecho (mercantil-financiero, corporativo, concursal, sin olvidar el fiscal, por la enorme incidencia que suele tener en estos procesos).