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PROPOSICIÓN NO DE LEY SOBRE RSC Y DERECHOS HUMANOS PRESENTADA POR EL PSOE...

Noticia.

El pasado 31 de enero el Grupo Parlamentario español del PSOE presentó ante el Congreso de los Diputados una proposición no de Ley sobre Responsabilidad Social Corporativa y Derechos Humanos, de la cual se presenta a continuación tanto la exposición de motivos como todos los puntos a los que el grupo socialista insta al Gobierno de España. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde los años 90 del pasado siglo asistimos, a nivel internacional, a un creciente interés por la cuestión de las relaciones entre empresas y derechos humanos, de forma íntimamente ligada al desarrollo de una nueva concepción de las empresas o agentes como socialmente responsables (Responsabilidad Social Corporativa) y a un nuevo modelo productivo sostenible, de una economía al servicio de la sociedad y del bien común.

En España, el debate sobre RSE se inicia a partir de la publicación, el año 2000, del Libro Verde Europeo sobre RSE. En el ámbito parlamentario este interés se concretó en la creación, en la VIII Legislatura, de una subcomisión para potenciar y promover la responsabilidad social de las empresas. Esta subcomisión tramitó en torno a sesenta comparecencias y sus conclusiones, por unanimidad de todos los grupos con representación parlamentaria, en el año 2006, se publicaron como Libro Blanco de la RSE que contiene una serie de conclusiones conceptuales y de recomendaciones.

Desde entonces el desarrollo de la Responsabilidad social en España no ha parado de crecer en múltiples actividades y especialmente, en prácticas empresariales notables en primer lugar en las empresas, donde la puesta en práctica de las políticas de RSE generó toda una tecnología de gestión de una materia que fue incorporándose e impregnando las estrategias empresariales. La publicación de las Memorias de RSE en estos años y el análisis de los observadores ajenos de los contenidos de esas Memorias, suscitó una esperanzadora perspectiva al desarrollo práctico de la RSE en las grandes empresas nacionales.

En muchos casos, impulsadas por su progresiva internacionalización, especialmente en América Latina, las grandes firmas del IBEX se sumaron a las mejores prácticas internacionales de la RSE. Junto a las empresas, el desarrollo de la RSE adquiría en España una especial relevancia en el campo de la formación y de la investigación. Centenares de jornadas de difusión, centenares de libros, manuales, tesis doctorales, se fueron publicando, incluyendo masters en las escuelas de negocio y asignaturas específicas en las carreras universitarias. Sindicatos, organizaciones del Tercer Sector, especialmente consumidores y ecologistas y organizaciones no gubernamentales diversas, especialmente las dirigidas a la cooperación al desarrollo, se incorporaron también al debate y al desarrollo de la RSE en nuestro país.

Las instituciones no se quedaron atrás. De la Subcomisión Parlamentaria antes citada, surgió el llamado Libro Blanco de la RSE en España, que propuso cerca de sesenta grandes recomendaciones para la difusión y el fomento de la RSE en España. Progresivamente se fueron estableciendo políticas de estímulo a la RSE en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Incluso leyes autonómicas se aprobaron en algunas Comunidades Autónomas, junto a un rico abanico de políticas de fomento y de estímulo a la expansión de la RSE: cláusulas sociales para la contratación pública; premios a las empresas con mejores prácticas; cursos de orientación; manuales de puesta en práctica de las políticas de RSE; ayudas a las Pymes, etc.

Quizás los dos elementos más destacados de las políticas de fomento a la RSE deban situarse en la creación, por parte del gobierno en el año 2008, de un Consejo Estatal para la Responsabilidad Social, que estaba integrado a partes iguales por cuatro representaciones que englobaban a todo el universo de la RSE: Administraciones Públicas, Empresas, Sindicatos y Tercer Sector. El Consejo Estatal, integrado por catorce miembros en cada bloque, todos ellos los más representativos y mejores expertos del país en esta materia, echó a andar hace años para fijar la hoja de ruta y el proceso de desarrollo de la RSE en nuestro país. El segundo aspecto más notable del impulso a la RSE estos últimos años ha sido, sin duda, la aprobación de un amplio precepto destinado al fomento de la RSE en la Ley de Economía Sostenible. Efectivamente, el Artículo 39 de la Ley de Economía Sostenible, de marzo de 2011, dedica cuatro apartados a la promoción de la Responsabilidad Social de las Empresas, atendiendo especialmente a los objetivos de transparencia en la gestión, buen gobierno corporativo, compromiso con lo local y el medioambiente, respeto a los derechos humanos, mejora de las relaciones laborales, promoción de la integración de la mujer, de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, de la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y del consumo sostenible, todo ello de acuerdo con las recomendaciones que, en este sentido, haga el Consejo Estatal de la Responsabilidad social Empresarial, constituido por el Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas.

Pero a los efectos de esta PNL que el Grupo Socialista presenta, interesa destacar el impulso que Naciones Unidas ha dado a esta idea, primero instando a empresas de todo el mundo a suscribir el Pacto Global, es decir, los compromisos que inspiran y regulan dicho Pacto y, en los últimos años, desarrollando un interesantísimo proceso de exigencia ética a las empresas, en base a la incorporación de los Derechos Humanos como suelo mínimo, a todas las empresas del mundo, a través del llamado Informe Ruggie.

En este contexto, la Organización de Naciones Unidas -en paralelo con otras iniciativas en organismos internacionales como la OCDE o la UE- nombró en 2005 un Representante Especial del Secretario General de la ONU para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. Este Representante ha desarrollado su labor en tres fases, que culminaron el año 2011:

En una primera fase (2005-2007) pretendió, sin mucho éxito a pesar de la ingente documentación obtenida, identificar y aclarar las normas y prácticas existentes de violación de los derechos humanos cometidas en el contexto empresarial.

En una segunda fase (2007), el Consejo de Derechos Humanos, mediante su resolución 8/7, encomendó al Representante Especial la labor de elaborar un Marco para “proteger, respetar y remediar” con un triple contenido básico: obligar a los Estados nacionales a ofrecer protección frente a los abusos de los derechos humanos cometidos por las empresas mediante una correcta reglamentación y sometimiento a la Justicia; obligar a las empresas a respetar los derechos humanos y, en su caso, reparar las consecuencias negativas de sus actividades; mejorar el acceso de las víctimas a las vías de reparación, tanto judiciales como extrajudiciales, realmente efectivas. Este Marco, no sólo fue aprobado por el Consejo de Derechos Humanos, sino que ha sido utilizado como guía en esta materia por entidades tanto públicas (gobiernos, organizaciones internacionales...) como privadas (empresas, asociaciones...)

Finalmente, el Representante Especial presentó ante el Consejo su informe sobre Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar, que resume su actividad durante los años 2005-2011 y presenta ya recomendaciones concretas o principios rectores y prácticas para su implementación. Todo ello conforme a una documentación de conocimiento imprescindible para esta Cámara y para todas las actividades que se desarrollan en nuestro país, en relación con la Responsabilidad Social Empresarial. En particular los documentos:

• Informe del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas trasnacionales y otras empresas, John Ruggie. Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar” (A/HRC/17/31. 21 de marzo de 2011).

• Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos. Los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas (A/HRC/RES/17/4. 6 de julio de 2011).

• Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. (A/HRC/20/29. 10 de abril de 2012).

Considerando la importancia de todas estas iniciativas en el desarrollo de una renovación conceptual de la empresa y de sus compromisos para con la sociedad, estimamos imprescindible abordar en sede parlamentaria, un conjunto de propuestas para extender e implementar la doctrina de Naciones Unidas en la cultura de la Responsabilidad Social en nuestro país y, especialmente, en fortalecer la defensa y el cumplimiento de los Derechos Humanos en las actividades empresariales dentro y fuera de nuestro país, por parte de las empresas españolas.

Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la Proposición no de Ley con la que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno los puntos que se detallan en la siguiente tabla.