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EL PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DESC: ENTRADA EN VIGOR DE UN INSTRUMENTO CLAVE PARA LA DEFENSA UNIVERSAL DE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS...

Autora: Souhayr Belhassen, presidente de la FIDH

El pasado 5 de mayo entró en vigor el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF PIDESC), tras la ratificación del décimo estado, Uruguay, siguiendo las primeras de Argentina, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Ecuador, El Salvador, Mongolia, España, Eslovaquia y Portugal.

Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) fueron adoptados simultáneamente. No obstante, a diferencia del primero, el PIDESC, vinculante para 160 Estados, no gozó hasta 2008 de un mecanismo de supervisión. El menor de reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) ha traído consigo su menor justiciabilidad (capacidad de hacer valer los mismos ante un tribunal) y su histórica consideración como “accesorios a” o “los hermanos pobres de” los derechos civiles y políticos.

La entrada en vigor del PF PIDESC supone un hito crucial en la defensa de los derechos humanos, poniendo en pie de igualdad los derechos civiles y políticos y los DESC, como el derecho a la salud, la educación, la alimentación o la vivienda. Afirma la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos humanos, así como que todos pueden ser invocados ante un tribunal.

El protocolo otorga a las víctimas de violaciones de sus DESC la posibilidad de presentar una comunicación para hacer valer sus derechos ante un órgano de expertos de Naciones Unidas, independiente e internacional (el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), tras agotar los recursos en su propio país. Ello supone un avance mayor para la exigibilidad internacional de estos derechos, la prevención de su violación y la lucha contra la pobreza. La privación de los DESC está frecuentemente en el origen de la pobreza, siendo sus víctimas los individuos más desfavorecidos. Dotando a estas personas de un mecanismo que les permita obtener justicia y reparación y exigir la responsabilidad del estado, se avanzará en la realización efectiva de los derechos de los más vulnerables, incluyendo los indígenas, migrantes, los desplazados forzosamente que se ven obligados a abandonar su hogar y su modo de vida o los niños sin acceso a educación.

Quienes hayan sufrido una violación de su derecho a la alimentación o la seguridad social tendrán, a partir de ahora, las mismas posibilidades que las víctimas de torturas de acceder a un proceso de control internacional y de demandar a su propio país por la violación de los derechos contenidos en el PIDESC, luchando contra la inacción y la impunidad de los estados.

No obstante, a pesar de que debemos felicitarnos por la entrada en vigor del PF PIDESC, en la práctica, el limitado número de ratificaciones hace que esté lejos de garantizar la universalidad de los DESC. En Europa, solo España, Portugal y Bosnia-Herzegovina han ratificado el Protocolo. Ningún país africano. Ninguna gran potencia o potencia “emergente”. Esto significa que, por el momento, solo las víctimas de 10 países tendrán acceso a un recurso internacional para hacer valer sus DESC.

Asimismo, es importante tener en cuenta que la tendencia a pensar que las violaciones de los DESC tienen lugar única, o principalmente, en los países en desarrollo, está muy lejos de la realidad.
La entrada en vigor del protocolo coincide con un escenario crítico para los DESC, que han sufrido un receso en muchos países a consecuencia de las crisis económica, financiera y alimentaria globales, especialmente en Europa. Hasta ahora, las respuestas a la crisis están provocando un impacto negativo en los DESC, sobre todo para los más pobres, realizándose incluso en muchas ocasiones a su costa. Las medidas de austeridad y recorte de prestaciones sociales y servicios públicos impuestas a, y adoptadas en, muchos países, están afectando a los colectivos más vulnerables, destruyendo o/y limitando su capacidad y medios de que disponen para garantizar los derechos a la vivienda, alimentación, educación, etc. En nombre de la competitividad, la eficiencia o la reducción del déficit público, los planes de austeridad menoscaban los derechos de los trabajadores y sus familias.

La lucha contra la pobreza y por la garantía universal de todos los derechos humanos obliga a los estados a llevar a cabo estudios de impacto de las políticas de ajuste y respuesta a la crisis con anterioridad a su adopción y a la luz de los derechos garantizados en el PIDESC, así como a analizar de qué manera las mismas son compatibles con sus obligaciones internacionales, y concretamente, sus obligaciones sociales y económicas. El pasado 8 de mayo, expertos de Naciones Unidas urgieron a los gobiernos a ratificar este instrumento internacional “clave” para la justicia social, señalando la incompatibilidad de las medidas de austeridad con el PIDESC.

La ratificación del PF PIDESC y su traducción efectiva en los ordenamientos internos es una oportunidad para los estados de analizar en qué medida garantizan los DESC de sus ciudadanos, incluyendo cuando aceptan políticas de ajuste, así como el impacto de sus políticas en la lucha contra la desigualdad y, en general, el nivel de cumplimiento de sus obligaciones de respetar, proteger y cumplir íntegramente los DESC.

Muchos son los retos por delante. Primordialmente, lograr el mayor número de ratificaciones posibles, al fin de garantizar el acceso a un remedio efectivo que sea verdaderamente universal y que las medidas adoptadas por los estados en el contexto de la crisis incorporen plenamente el respecto de todos los derechos humanos. Asimismo, el Comité deberá interpretar su mandato de manera flexible y progresista, coherente con la jurisprudencia de otros órganos de derechos humanos y con el objetivo general de hacer justicia para las víctimas, sin perder de vista los obstáculos que enfrentan quienes se ven privados de sus DESC.

Por último, la entrada en vigor del PF PIDESC nos recuerda la necesidad de proteger los DESC frente a las actividades de los actores económicos. Ello requiere una regulación reforzada, clara y obligatoria para las empresas multinacionales, que permita poner fin a las violaciones de los DESC en las que frecuentemente están implicadas y a la impunidad de la que, también frecuentemente, gozan. Las obligaciones de los estados de proteger los DESC se extienden más allá de sus fronteras geográficas, incluyendo obligaciones extra-territoriales que garanticen que personas (naturales o jurídicas) bajo su jurisdicción, respeten los DESC fuera de sus fronteras. La ratificación del protocolo debe servir a los estados para desarrollar una legislación adecuada que reconozca y esté acompañada de mecanismos internos que fortalezcan y garanticen el disfrute de los DESC para todos.