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REFLEXIONES SOBRE LOS LÍMITES DEL PODER DE CONTROL EMPRESARIAL EJERCIDO SOBRE LOS TRABAJADORES POR MEDIOS TECNOLÓGICOS...

Autor: Rodrigo Rascón López, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Universidad de León)

El redimensionado poder de control empresarial

Los poco menos que inverosímiles avances tecnológicos (lógica y masivamente incorporados a los procesos productivos empresariales) han encontrado una de sus manifestaciones más vistosas (y jurídicamente delicadas) en la redimensionada capacidad de control por parte del empresario respecto de la prestación laboral desarrollada por los trabajadores. 

“Ha sido la jurisprudencia (tanto del Tribunal Constitucional, como del Tribunal Supremo) la encargada de asumir una labor quasilegislativa e ir procediendo a decantar los límites del poder de control empresarial”

El control presencial (con coincidencia espacio-temporal de trabajador y empresario) forma parte del pasado artesanal de las relaciones laborales; y ha sido sustituido, en sus más variadas formas (videocámaras, tarjetas de acceso, seguimientos GPS, programas espía instalados en ordenadores, datos biométricos…), por medios tecnológicos que, de forma fría y absoluta, pueden controlar la totalidad de la prestación laboral (e, incluso, aspectos personales) del trabajador, poniendo en serio peligro algunos de sus derechos fundamentales (inespecíficos) y haciendo realidad los más aterradores mitos (del panóptico al orweliano) adelantados por lo que hasta no hace mucho parecía literatura de ciencia ficción. 

Sin embargo, en este como en tantos otros casos, el Derecho va muy por detrás de la realidad. Así, el art. 20.3 ET, llamado a fijar los límites de actuación empresarial en la materia, apenas si remite de forma difusa a la dignidad humana, sin que el legislador haya procedido a actualizar un precepto pre-informático.

En este contexto, ha sido la jurisprudencia (tanto del Tribunal Constitucional, como del Tribunal Supremo) la encargada de asumir una labor quasilegislativa e ir procediendo a decantar los límites del poder de control empresarial cuando chocan (real o potencialmente) con los derechos fundamentales inespecíficos (a la intimidad --art. 18.1 CE--, al secreto de las comunicaciones --art. 18.3 CE-- o a la autodeterminación informativa --art. 18.4 CE--) de los trabajadores.

Criterios jurisprudenciales utilizados en la decantación de los límites del control empresarial

Aun cuando la casuística es la nota común (lo que fuerza a un análisis pormenorizado de cada situación en presencia), es posible detectar tres grandes criterios o doctrinas utilizados por los tribunales españoles del máximo rango, que pueden servir sistemáticamente como reglas de resolución de conflictos en esta materia; a saber:

1.- Criterio de proporcionalidad: esto es, cuando el poder de control empresarial entre en conflicto con los derechos fundamentales de los trabajadores, hay que efectuar un juicio casuístico para ponderar si el medio elegido por el empresario es adecuado para la finalidad perseguida y es el menos lesivo de los posibles que podría haber utilizado el empresario. Por ello, hay medios de control que, a fortiori, son lesivos del derecho a la intimidad (por ejemplo, una videocámara instalada en un baño o en un vestuario); sin embargo, en otros casos, dependerá de las circunstancias (no lo sería una videocámara instalada en una caja registradora cuando hay sospechas de hurtos ante descuadres contables).

2.- Criterio de la expectativa de intimidad: en principio, el trabajador tiene la expectativa de un cierto grado de intimidad, incluso en tiempo y lugar de trabajo; por ello, si el empresario, de forma sorpresiva, realiza controles sobre su actividad, puede estar vulnerando tal derecho fundamental (por ejemplo, y sin previo aviso, instalando un programa espía en el ordenador del operario o instalando un GPS en el coche de empresa). Ahora bien, esa expectativa puede ser destruida cuando el empresario advierta previamente al trabajador (y parece que también a sus representantes) que no puede utilizar los medios de la empresa para fines distintos a los profesionales y que va a proceder a controlar esos medios. Así, la expectativa de intimidad queda destruida y el trabajador sabe que su comportamiento puede ser objeto de supervisión.

3.- Criterio de autodeterminación informativa: todos los medios tecnológicos de control empresarial suponen la sistematización de grandes volúmenes de datos (sean imágenes, informaciones, etc) y, en consecuencia, deben quedar sometidos a las exigencias que se derivan de la legislación de protección de datos; lo cual implica, principalmente, que, aunque el tratamiento es legítimo (pues parece necesario para el normal desarrollo de la relación laboral) y no requiere el consentimiento del trabajador (arts. 6 y 11 LOPD), sí, al menos, debe ser informado de los datos recabados y de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, cancelación y rectificación de esos datos (art. 5 LOPD).

En fin, la situación en este punto no es sencilla: el legislador ni está, ni se le espera; y los tribunales están haciendo un esfuerzo ingente por tratar de aquilatar los límites del poder de control empresarial, pero la tarea no es fácil, está siempre abocada al casuismo y, en general, termina aportando soluciones que más parecen improvisadas que definitivas.