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REPLICANDO EL PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES...

Autor: Pamela Cao, abogada especialista en Derecho penal

“Preámbulo

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables.

Señalando que la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en ella, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición.

Recordando que la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos internacionales de derechos humanos reconocen que no puede realizarse el ideal del ser humano libre y liberado del temor y de la miseria a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona disfrutar de sus derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.

Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades y fundamentales.

Recordando que cada uno de los Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante denominado el Pacto) se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos reconocidos en el Pacto.

Considerando que, para asegurar mejor logro de los propósitos del Pacto y la aplicación de sus disposiciones, sería conveniente facultar al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante denominado el Comité) para desempeñar las funciones previstas en el presente Protocolo…”

En el artículo anterior* ya me he expedido sobre el Preámbulo más arriba trascrito perteneciente al PF-PIDESC que ha logrado echar por tierra la supuesta no justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se convierte así en un tratado internacional adicional al Pacto como asimismo me he expedido sobre los tres mecanismos previstos para llegar a dicha exigibilidad y justiciabilidad; seguiré en esta oportunidad expidiéndome sobre los siguiente puntos, a saber:

I. Obligaciones del Estado:

El PIDESC establece que los Estados partes SE OBLIGAN a adoptar medidas especialmente técnicas y económicas HASTA EL MÁXIMO de los recursos que disponga, para lograr progresivamente, POR TODOS LOS MEDIOS apropiados, en especial legislativas para lograr la plena EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS allí reconocidos.

II. Obligación de adoptar medidas:

Los Estados partes deben tener como objetivo alcanzar la plena satisfacción de los DESC en un plazo razonable como asimismo deben demostrar que las medidas adoptadas son las más apropiadas para la satisfacción de los DESC.

Así deben hacerlo primariamente con la integración de tales derechos a la Constitución como de medidas administrativas, financieras, sociales y educativas.

III. Máximo de recursos disponible:

Constituye el parámetro por el cual debe ser medido el Estado parte en la obligación de cumplir a la máxima en su esfuerzo de cumplir con las obligaciones que derivan del PIDESC. 

Ello conlleva a que no es que sólo a los Estados parte con más recursos de índole económico se le puede exigir más en cuando a la aplicación de los derechos, ya que la obligación no es sólo puesta en recursos económicos sino legislativos, jurídicos y principalmente de programas y estrategias para la plena satisfacción.

Va de suyo que los países que se encuentran atravesando alguna crisis de índole económico justamente es donde se encuentra como correlato la mayor población en número en situación de vulnerabilidad o extrema vulnerabilidad, con lo que es justamente donde se deben diseñar los mejores y mayores esfuerzos en materia de programas para no hacer letra fría el propio reconocimiento Constitucional, como una de las obligaciones primarias.

IV. Obligaciones de efecto de inmediato:

- Igualdad entre hombres y mujeres en el goce de los DESC,
- Igualdad de remuneración sin distinción de especie,
- Garantizar el derecho a formar sindicatos, afiliarse a los mismos y garantizar asimismo el Derecho a huelga,
- Proteger a los y las niños, niñas y adolescentes de cualquier tipo de explotación,
- Enseñanza pública, gratuita y obligatoria para toda la integridad de la población, 
- Garantizar el derecho de los padres y las madres en cuanto a la elección de las escuelas a las que van a concurrir sus hijos e hijas, sin importar que sean distintas a las creadas por las autoridades públicas, con la única limitación de que dichas escuelas contengan o ajusten a las normas mínimas.

V. Prohibición de medidas de regresivas:

A través de la firma del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados partes se han obligado a abstenerse de adoptar medidas deliberadamente regresivas. Por lo que esta obligación (más precisamente prohibición), es un estándar jurídico internacional con fuerza vinculante en el ordenamiento interno y debe ser tenido en cuenta por los Estados parte como un parámetro para evaluar algunas medidas adoptadas en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

La obligación de progresividad, a la que se han obligado los Estados parte, implica una obligación de aumento paulatino en el nivel de satisfacción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por lo que la progresividad trae aparejada la idea de “progreso”, como mejora gradual y constante de los resultados en materia de derechos sociales. Así puede resumirse la progresividad, en dos conceptos principales 1. La gradualidad de las medidas que deben ser adoptadas por los Estados. 2. El progreso, como deber estatal de mejorar las condiciones de goce y ejercicio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Así se deben adoptar los Estados parte medidas legislativas, administrativas y judiciales, comprometer hasta el máximo de los recursos disponibles, garantizar el disfrute de los derechos sociales sin ningún tipo de discriminación, garantizar el disfrute de los derechos sociales sin ningún tipo de discriminación y no adoptar así medidas de carácter deliberadamente regresivo. 

Bibliografía: “Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Exigibles y Justiciables. Preguntas y respuestas sobre los DESC y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. México, D.F., diciembre de 2010. Espacio DESC, PIDHDD y ONU DH México.

* Publicado en el número 10 de la revista Foro Jurídico Iberoamericano (noviembre 2013)