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RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES: ACERCAMIENTO A LA ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD EN DERECHO ESPAÑOL: PRESUPUESTOS...

Autor: Lluís I. Clusellas Plana

El devenir de la vida económica comporta y, a la vez, exige la adopción de constantes decisiones dentro del seno de una Sociedad mercantil que, por su propia concepción legal y mecánica de funcionamiento, serán adoptadas en su mayoría por los Administradores, pieza clave en dichas Sociedades cuya actuación, por acción o por omisión, es susceptible de causar un daño a la Compañía. Es por ello que la Ley de Sociedades de Capital (Real decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio), en adelante LSC, como antes lo hacía la Ley de Sociedades Anónimas (Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre), regula la responsabilidad de los administradores.

“Los accionistas que representen como mínimo el 5% del capital social pueden también requerir al órgano de administración que convoque Junta General para que ésta decida sobre su ejercicio”

Existe una pluralidad de responsabilidades de los administradores en la LSC, si bien aquí presentaremos de una manera concreta las bases de la llamada acción social de responsabilidad. Ésta tiene como finalidad la reconstrucción del patrimonio social deteriorado por la actuación lesiva llevada a cabo por los Administradores, diferenciándose claramente de la acción individual en que aquella primera tiende, pues, al resarcimiento de la Sociedad, mientras que la segunda pretende obtener el de los accionistas y acreedores.

De este modo, los administradores de derecho o de hecho responderán frente a la Sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, concretados, en esencia, en los de diligente administración, de fidelidad, de lealtad y de secreto. En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la Junta General (artículo 236 LSC).

Constituyen los presupuestos esenciales de la acción social de responsabilidad los siguientes:

a) Debe existir un comportamiento de los Administradores, por acción o por omisión.

b) Ese comportamiento debe ser contrario a la Ley, a los estatutos o debe ser realizado incumpliendo los deberes inherentes al cargo de administrador.

c) Debe existir un daño causado a la Sociedad, que es necesario probar.

d) Debe existir una relación de causa a efecto entre el comportamiento de los Administradores y el daño.

El titular de la acción es la propia Sociedad, que la ejerce contra los administradores causantes del daño, previo acuerdo de la Junta General adoptado por mayoría ordinaria, sin que sea necesaria su previa inclusión en el orden del día de la Junta. Así, un órgano de administración que pretenda exigir responsabilidad al anterior que le precedió por un daño causado a la Sociedad no puede, por él mismo sin contar con la autorización de la Junta, tomar el acuerdo de entablar la acción social de responsabilidad.

Hay que señalar que, los accionistas que representen como mínimo el 5% del capital social pueden también requerir al órgano de administración que convoque Junta General para que ésta decida sobre su ejercicio. La Ley no establece el plazo en el que deba convocarse y celebrarse la Junta, como sí se establecía en el anterior RDLegislativo de 1989, si bien entiendo que sería aplicación el plazo establecido en el artículo 168 LSC, debiendo los administradores convocar Junta General para su celebración dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiesen sido requeridos. Si el órgano de administración no lo hiciere, la ley permite a los accionistas requirentes entablar dicha acción.

Si los socios reunidos en Junta General deciden el ejercicio de la acción social de responsabilidad, el órgano de administración tiene un mes, contado desde la fecha de la adopción del acuerdo, para entablar la acción, al término del cual, si no ha interpuesto la Sociedad la correspondiente demanda, quedan los socios que representen como mínimo el 5% del capital social legitimados para interponerla.

Finalmente, si los socios reunidos en Junta General deciden no ejercitar la acción, pueden ejercitarla socios que representen como mínimo el 5% del capital social.

Por otra parte, la LSC reconoce también a los acreedores de una Sociedad el interés en la conservación del patrimonio social. Por eso les otorga legitimación para ejercitar la acción dirigida a reconstruirlo. En este caso, para el ejercicio de la acción social de responsabilidad, la Ley exige cumulativamente dos requisitos: (i) que la referida acción no haya sido ejercitada por la Sociedad o sus accionistas, pues si lo ha sido no cabrá que un acreedor la entable, y (ii) que el patrimonio social resulte insuficiente para la satisfacción de sus créditos.

Podemos establecer, pues, que la acción social es titularidad de la Sociedad y puede ser ejercitada en subsidiariedad de primer grado por los socios, y en subsidiariedad de segundo grado por los terceros acreedores.

La Ley establece la responsabilidad solidaria de todos los miembros del órgano de administración que realizó el acto o adoptó el acuerdo lesivo, salvo los que prueben: i) que no han intervenido en su adopción y ejecución; y además ii) a) desconocían su existencia o, b) conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño, o, al menos, se opusieron expresamente a aquél. De este modo, la acción social de responsabilidad podrá dirigirse indistintamente contra uno, varios o todos los miembros del órgano de administración.

Ahora bien, la existencia de una acción u omisión lesiva es insuficiente para exigir la responsabilidad que la Ley establece a los Administradores. Es necesario y esencial que se cause un daño a la Compañía y que éste se pruebe. Esto es, sin la existencia de daño no cabrá exigir responsabilidad, por lo que antes de ejercitar cualquier acción social de responsabilidad será imprescindible verificar la existencia de daño y su prueba, y la relación de causalidad entre dicho daño y el proceder de los administradores. De otro modo, la acción está abocada al fracaso.

En cuanto al plazo de ejercicio, debe señalarse, siguiendo la doctrina jurisprudencial mayoritaria del Tribunal Supremo, que es de cuatro años, siendo dicho plazo de prescripción, susceptible, pues, de interrupción.

Finalmente, si se pretende el ejercicio de la acción social de responsabilidad resultará conveniente verificar la existencia de un seguro que cubra las eventuales responsabilidades de los administradores, o, si hay que defenderse de aquella, que cobije los costes que la defensa jurídica pueda ocasionar.