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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA, INTERÉS SOCIAL Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO...

Autor: José Miguel Embid Irujo

De entre las muchas circunstancias que afectan a la RSC en nuestros días, algunas realmente novedosas y la mayoría no tanto, puede destacarse la importante referencia que a ella se hace en el muy reciente “Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas”, elaborado en España y difundido a finales del pasado mes de febrero desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Que un texto de soft law, dedicado primariamente al gobierno corporativo, se ocupe de manera expresa de la responsabilidad social de las empresas, limitándose, eso sí, a las sociedades cotizadas, es algo sumamente importante y constituye una novedad destacable en el panorama internacional de los códigos de buen gobierno. 

“Para los autores del código español, la RSC se ha convertido en un rasgo distintivo de la gran empresa de nuestro tiempo y, más en particular, de las sociedades abiertas, cotizadas en Bolsa”

Para los autores del código español, la RSC se ha convertido en un rasgo distintivo de la gran empresa de nuestro tiempo y, más en particular, de las sociedades abiertas, cotizadas en Bolsa. En tal sentido, el principio (número 24) y las recomendaciones (números 54 y 55) relativas a la RSC dentro de dicho texto perfilan no sólo concretas acciones de responsabilidad social, sino, ante todo, una actividad organizada, continua y permanente de las sociedades cotizadas, expresada en auténticas políticas, cuya titularidad corresponde, como facultad indelegable, al consejo de administración. A la vez, busca el código dotar de transparencia y visibilidad a esta importante vertiente del comportamiento de las empresas, mediante, sobre todo, la elaboración del correspondiente informe anual, bien de manera separada, bien unido al informe de gobierno corporativo. Por otro lado, y debido a su carácter de actividad permanente, al menos como tendencia, es posible postular, aunque el código no se refiera a ello con carácter expreso, que la RSC se ordene y lleve a cabo a través de una comisión específica del consejo de administración.

Conviene tener en cuenta, en todo caso, que esta última medida, como la idea misma de formular políticas de RSC por parte de las sociedades cotizadas, queda a su propio arbitrio, ya que el código español –como sus homólogos de otros países- no es una norma vinculante, sino meramente un conjunto de recomendaciones de soft law. Por tal motivo, las sociedades cotizadas no están obligadas a cumplir las recomendaciones en él contenidas; con arreglo al principio comply or explain, pueden seguirlas o no, según su criterio, y si no lo hicieran habrán de explicar al mercado, a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las razones de su inobservancia. Desde la perspectiva concreta de la RSC aceptada por el Código, esta idea se refuerza todavía más, pues, de acuerdo con los criterios dominantes en la materia, en la recomendación número 54 se declara la voluntariedad de las prácticas (“principios o compromisos”) que la empresa asuma a tal efecto con los distintos grupos de interés (stakeholders). 

Con todo, tan importante, al menos, como la expresa acogida de la RSC por el código español de buen gobierno, me parece la singular delimitación del interés social contenido en este último. Aunque la recomendación correspondiente (la número 12) se refiere expresamente al consejo de administración, su trascendencia para el tema que nos ocupa es considerable, por haberse expresado una concepción al respecto que, a falta de mejor calificativo, puede denominarse multistakeholder. Con arreglo a este criterio, que sirve de base, sustancialmente, al pensamiento dominante en materia de RSC, el interés social se entiende como “la consecución de un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que promueva su continuidad y la maximización del valor económico de la empresa”. De este modo, y sin perjuicio de la naturaleza no vinculante de la mencionada recomendación, se afirman una serie de ideas de extraordinaria importancia para superar la visión estrictamente contractualista del interés social, dando acogida a una orientación pluralista y más institucionalizada de la gran empresa. 

Es verdad que algunos de los elementos mencionados a propósito del interés social se encontraban ya en algunos de los anteriores códigos españoles de buen gobierno. La novedad reside ahora en la ambiciosa fórmula utilizada, desde luego, pero también en el mayor detalle, así como en el considerable relieve, otorgados a los intereses de los stakeholders. No es seguramente ajena a este criterio la experiencia deducida de la crisis económica, a cuya gravedad han podido contribuir no poco los considerables defectos observados en las orientaciones tradicionalmente dominantes en el gobierno corporativo. Por otra parte, el legislador español ha intentado corregir algunos de ellos en la reciente modificación de la Ley de Sociedades de Capital, llevada a cabo por la Ley 31/2014, como se advierte, entre otros extremos, en una materia tan sensible como la retribución de los administradores. 

La cercanía que cabe advertir, por ello, entre “Derecho firme” y “Derecho blando” en lo que atañe a las sociedades mercantiles (no sólo cotizadas) es un elemento determinante para su mejor funcionamiento, así como para el logro de una orientación de las mismas hacia la responsabilidad social. Habrá que estudiar atentamente la aplicación práctica de la normativa vigente, así como el seguimiento que hagan las sociedades cotizadas de las recomendaciones sobre RSC contenidas en el código de buen gobierno. Pero el paso está dado y no puede ignorarse ni, mucho menos, menospreciarse.