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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA. REFLEXIONES GENERALES Y SU IMPACTO EN EL SECTOR LEGAL II...

Autora: Elisabeth de Nadal, socia-responsable RSC de Cuatrecasas Gonçalves Pereira

La aproximación del sector legal a la gestión socialmente responsable de su actividad. Es evidente que los abogados, tanto si ejercemos la profesión de forma individual como colectivamente a través de un despacho, no somos ajenos a esta realidad. Más allá de la función social inherente a la profesión (que no es otra que proveer el acceso a la justicia), la nuestra es una actividad económica y, por tanto, empresarial. Y desde esta posición, debemos asumir la responsabilidad social en la gestión de nuestra actividad, atendiendo a las expectativas e intereses de los grupos de interés en los que nuestra actividad tiene efectos. Sabemos que el abogado tiene una serie de deberes y responsabilidades, legales y deontológicos, frente a su cliente. Nuestra RSC no puede referirse sólo a este ámbito y, de hecho, no se ha limitado a ello (en el mundo de las firmas legales anglosajonas (en especial las norteamericanas) el enfoque tradicional de la participación en la sociedad ha sido desde la filantropía y desde el derecho fundamental del acceso a la justicia, mediante el asesoramiento pro bono (prestación de asesoramiento legal gratuito a aquellas personas que no tienen recursos para pagarse un abogado o a entidades sin ánimo de lucro), así como de los servicios a la comunidad (voluntariado corporativo o individual). En los países de la Europa continental el asesoramiento pro bono es un fenómeno más reciente. La creación de cultura corporativa y los instrumentos y procesos de contratación y retención de talento han sido los ámbitos en que se han concentrado actuaciones de las firmas legales medianas y grandes y que hoy podríamos reconducir, cuanto menos desde en una perspectiva teórica, al ámbito de la gestión socialmente responsable).

“El sector legal no es una rara avis al margen de los parámetros de esa eficiencia global, y tiene la magnífica oportunidad de crear valor para su actividad desde la participación en su entorno social” 

Es cierto que el sector de los servicios legales carece de los factores más evidentes de riesgo que tradicionalmente han llevado a las compañías a adoptar paulatinamente un enfoque socialmente responsable en la gestión de sus actividades. Frente a las compañías con actividad industrial, los despachos de abogados no son grandes contaminantes y no tienen una cadena de suministro basada en la actividad de terceros. Pero sí han tenido y tienen otros retos y riesgos en el desarrollo de su actividad. ¿Cómo nos acercamos a culturas de otros países en los que queremos estar presentes con nuestros servicios? ¿Qué parte de nuestro negocio ya no presenta valor añadido para el cliente? ¿Qué nuevas o distintas competencias y habilidades ha de tener el abogado del futuro? ¿Cómo compartir y gestionar el conocimiento creado individualmente en la firma para ganar eficiencia y ser competitivo? ¿Ofrecemos a las nuevas generaciones de abogados del mundo un lugar atractivo dónde trabajar? ¿Qué obstáculos tiene la mujer para desarrollar su carrera en una firma de abogados? ¿Podemos y hemos de hacer las cosas, o algunas de ellas, de una forma distinta?

En definitiva, aunque nuestra profesión cuenta con su propio marco ético regulado por normas deontológicas establecidas por leyes y por los colegios de abogados de cada país, nuestra responsabilidad se extiende más allá para lograr una eficiencia global:

- La cohesión interna en torno a un proyecto compartido en las firmas legales que crecen, o que se fusionan o establecen alianzas en distintas jurisdicciones para poder competir globalmente.

- La necesidad de reforzar la confianza que el cliente deposita en los abogados y de aportar un valor añadido diferente para asegurar la competitividad a largo plazo. A la calidad y precio de nuestro servicio, se unen hoy otros factores clave tales como las ventajas y valor añadido que aportan al servicio contratado las políticas de diversidad e inter-culturalidad y de igualdad de género, la inversión en nuevas tecnologías y la innovación en los servicios y productos ofrecidos.

- El mercado y el cliente exigen en mayor o menor medida a las firmas de abogados gestionar su actividad de forma socialmente responsable. Cada vez más empresas integran la RSC en la gestión de su actividad y estas empresas piden y pedirán a sus proveedores de productos y de servicios que gestionen su propia actividad con estándares similares a los suyos propios. El sector público ya exige indicadores de RSC a las empresas con las que contrata. El sector privado sigue esta tendencia.

- La atracción y retención de talento en un mercado cada vez más global y en una sociedad cuyas nuevas generaciones tienen valores y expectativas nuevas y diferentes. Piden que sus trabajos les permitan desarrollarse profesionalmente pero también personalmente, piden que la empresa esté comprometida con la sociedad y les facilite un camino para desarrollar acciones sociales que les permitan participar en el progreso de la comunidad; valoran un buen ambiente de trabajo, transparente, participativo e innovador.

La siguiente división en tres ámbitos (económico, social y medioambiental) permite una clasificación de distintas políticas y actuaciones responsables en la abogacía.

a) El ámbito económico. No olvidemos que la empresa ha de ser rentable, y desde esta perspectiva, RSC es también buscar y sostener la rentabilidad y la creación de valor en la actividad empresarial, su crecimiento y sostenibilidad, asi como asegurar una carrera profesional al talento contratado. En este ámbito se señalan, entre otros, los planes estratégicos para la consecución de un negocio rentable y sostenible; los sistemas de gestión; el marketing responsable; los códigos y medidas de buen gobierno; la lucha contra la corrupción; el uso de los recursos locales; y la gestión del capital, los recursos y las políticas de inversión en innovación y desarrollo.

b) El ámbito social. Distinguiendo el plano interno y el externo de la empresa. 

En el interno, se señala especialmente la gestión del capital humano a través de políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación; políticas de gestión de la diversidad; facilitación de la conciliación de la vida personal y laboral; salud, seguridad y prevención de riesgos laborales; formación en habilidades y competencias técnicas y no técnicas (soft skills); comunicación y participación y desarrollo de la carrera profesional. Pero también la lucha por la erradicación del trabajo forzado y el trabajo infantil y la participación e implicación en la creación de empleo y el respeto y promoción de los derechos de los trabajadores. También estaría dentro del ámbito interno la relación con los clientes y el mercado (a través de sistemas de control de calidad, canales de participación y dialogo, favorecimiento y promoción de nuevos y mejorados servicios, la capacidad de adaptación a las necesidades del cliente, etc.); así como con proveedores con políticas que mantengan la cadena de valor; y las políticas de contratación guiadas por criterios sociales y no solamente económicos, destacando la contratación local y la empleabilidad de colectivos desfavorecidos o con capacidades distintas.

En el externo, se señalan las políticas de acción social y participación en el desarrollo y mejora del entorno social, desde acciones filantrópicas conectadas con la actividad, al voluntariado corporativo, el servicio pro bono.

c) El ámbito ambiental. Aúna los diversos aspectos relacionados con el impacto medioambiental de la actividad y, por tanto, engloba desde el establecimiento de una política ambiental explícita; a la optimización del consumo de recursos (agua, energía y sobretodo el papel); la gestión de residuos; las políticas de reducción de la contaminación atmosférica, lumínica y acústica; o los planes de movilidad.

“Debemos asumir la responsabilidad social en la gestión de nuestra actividad, atendiendo a las expectativas e intereses de los grupos de interés en los que nuestra actividad tiene efectos”

Como vemos, el sector legal no es una rara avis al margen de los parámetros de esa eficiencia global a la que hicimos referencia antes. Y desde esta posición común, tiene la magnífica oportunidad de crear valor para su actividad desde la participación en su entorno social. Esta oportunidad es también una necesidad para poder innovar y adaptarse al entorno cambiante en el que nos toca vivir y evolucionar. El reto es el mismo: abandonar políticas basadas en “acciones compensatorias” e instaurar políticas de creación de valor para la empresa a través de la creación de valor social.