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¿LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DEBE SER OBLIGATORIA O VOLUNTARIA?...

Autor: Laura Fähndrich

Por definición, la responsabilidad social empresarial (RSE) es voluntaria. Así lo afirman cientos de artículos, libros de texto, especialistas y empresarios. Muchos de los que la practican profesionalmente, están a favor de que siga siendo voluntaria, ya que de lo contrario perdería parte de su esencia.

“La ley es reactiva y hasta cierto punto inflexible y pondría una <camisa de fuerza> a una evolución natural de la ética y de las prácticas de responsabilidad social” 

La RSE bien hecha, de manera estratégica y centrada en la actividad principal de la compañía, es beneficiosa. No sólo puede reducir costos, aumentar las ventas, fomentar la innovación o reducir los riesgos, sino que puede diferenciar a la empresa y contribuir a su crecimiento sostenido. Esta afirmación la evidencia el Índice de Sostenibilidad Dow Jones de la Bolsa de Nueva York, donde figuran las principales empresas que se esfuerzan por retribuir a la sociedad y al medioambiente, lo que tomaron de ellos. Éstas han entendido que lo correcto es contribuir a la sociedad y a la naturaleza no por altruismo sino por el bien mismo de la empresa, sin que una ley les obligue. Estas mismas empresas, pioneras de la RSE 2.0, están influenciando a sus proveedores, clientes y aliados para que también sean socialmente responsables. Esta tendencia, aún minoritaria, es en la que ponen sus esperanzas los convencidos de las virtudes de la RSE. Pero para aquéllos que no creen en la buena voluntad de las empresas, está la ley y potencialmente la sanción.

Los principales defensores de la obligatoriedad de la RSE consideran que debe existir un marco legal que convierta la responsabilidad social en obligatoria porque si no, las entidades del sector privado no cumplirán con sus deberes sociales y medioambientales. La mayoría de los expertos en RSE temen que si ésta se convierte en obligatoria por ley, la consecuencia sería que las empresas aplicarían un “mínimo común denominador”, es decir, sólo aplicarían la ley, lo básico. Sin embargo, esto podría implicar que las compañías no irían más allá de la ley en sus compromisos sociales, lo que contradiría la propia naturaleza de RSE.

A menudo, se le reprocha a la ley el no ser lo suficientemente flexible. La evolución de la RSE parece ser demasiado rápida para que la ley siga su ritmo y pueda normar todos los aspectos de su práctica. En otras palabras, la ley es reactiva y hasta cierto punto inflexible y pondría una “camisa de fuerza” a una evolución natural de la ética y de las prácticas de responsabilidad social. La ley estaría rezagada en relación a los avances de la sociedad moderna. No obstante, se ha comprobado que la ley no deja de ser útil y necesaria para afianzar los avances en materia social y ambiental.

En muchos países, algunas responsabilidades sociales básicas ya están normadas por ley, como en el área laboral, por ejemplo, la prohibición del trabajo forzado o el infantil. Son leyes respaldadas por organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o resguardadas por una ética y práctica común a numerosos Estados. Son normas casi universalmente aceptadas y respetadas. En este sentido, la Unión Europea, en un “Green Paper” o “Libro Verde” del 2001 sobre RSE, consideraba que los países que carecieran de estas leyes básicas tendrían que dotarse de ellas para que la responsabilidad social empresarial pueda desarrollarse óptimamente. Se podría argumentar que son los cimientos para que la RSE pueda seguir evolucionando y alcanzando más metas sociales y medioambientales.

Algunos países van más allá de lo comúnmente aceptado o esta especie de “ética global” y están innovando, aprobando leyes que norman fenómenos recientes como el Greenwashing o “maquillage verde”. Uno de los países es Australia, que con el Decreto de Buenas Prácticas Comerciales (Trade Practices Act) advierte que toda empresa que intente engañar a los consumidores o consumidoras otorgando atributos verdes a sus productos, será sancionada. Asimismo, en Estados Unidos la Comisión Federal del Comercio (Federal Trade Commission) dispone de una guía que las empresas pueden seguir voluntariamente. Esta misma guía le da el derecho al Estado a procesarlas si “enverdecen” sus productos. Pero no sólo los países industrializados poseen una legislación que previene el “greenwashing”. El 1 de agosto del 2011, Brasil creó un el Consejo Nacional de Autorreglamentación Publicitaria que combate este tipo de publicidad engañosa. Son leyes que ayudan a distinguir lo que es RSE de lo que no lo es, pero que no son suficientes para resolver todos los desafíos que se presentan a una empresa hoy en día.

Otra iniciativa reciente es la de India, que acaba de promulgar una ley que obliga a las compañías a destinar parte de sus ganancias a la responsabilidad social. El porcentaje obligatorio no parece importante, un 2%, pero si tenemos en cuenta que las empresas serán auditadas anualmente para ver cómo cumplen este requisito y que habrá sanciones para las que no lo hagan, el tema se complica. Si bien la idea es garantizar un crecimiento equitativo y sostenible en la India, no queda claro quién determina qué es RSE y qué no. Además, existe el riesgo que se produzca una deslocalización, ya que algunas empresas podrían elegir marcharse de la India e instalarse en un país menos exigente en términos de responsabilidad social. Las consecuencias a medio o largo plazo de esta ley están por verse.

Este tipo de leyes nacionales, coexisten con estándares internacionales, certificables o no, que al igual que ciertas leyes contribuyen a definir la “manera de hacer RSE”. Pueden ser iniciativas destinadas al compromiso con ciertos principios esenciales como el Pacto Global de Naciones Unidas, o enfocadas a ayudar a las empresas a reportar sus acciones de responsabilidad social como la Global Reporting Initiative (GRI) o que establecen los lineamientos en RSE como la ISO 26000. Estas herramientas de gestión de la responsabilidad social, no son obligatorias pero a menudo las empresas recurren a ellas para formalizar sus prácticas de RSE, estandarizar procesos y poder mostrar sus resultados. Frecuentemente, son percibidas por las compañías como útiles para estructurar sus acciones y optimizar el uso de sus recursos.

La existencia de leyes que cubren aspectos de la responsabilidad social básica y de estándares internacionales de RSE, no está reñida con la voluntariedad de ésta. Quizás la solución ideal es que la responsabilidad social empresarial siga siendo voluntaria y que esté respaldada por algunas leyes fundamentales y estándares internacionales complementarios que indiquen el camino correcto, sin limitarlo. Se trata de disponer de un marco legal amplio que determine los deberes elementales de las empresas y que les permita tener un margen de maniobra y desarrollar el plan de RSE estratégico óptimo.