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SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DERECHO A LA ALIMENTACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE...

Autor: Mª Ángeles Cano Linares, subdirectora del Centro de Estudios de Iberoamérica (CEIB)

El pasado septiembre, los representantes de los Estados miembros de Naciones Unidas se reunieron en un acto especial convocado por el Presidente de la Asamblea General con el fin de examinar los progresos realizados hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), trazar un camino para seguir adelante y reafirmar su compromiso en la consecución de los objetivos fijados que, como es sabido, reconocen explícitamente la interdependencia entre crecimiento, reducción de la pobreza y desarrollo sostenible; siendo éste, a su vez, base de la gobernabilidad democrática, el estado de derecho, el respeto de los derechos humanos, la paz y la seguridad. 

“El derecho a la alimentación se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla”

De acuerdo con el informe ODM de 2013, la primera meta- reducción a la mitad la proporción de personas con ingresos inferiores a 1 dólar por día- del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio - erradicar la pobreza extrema y el hambre- ya ha sido alcanzada aunque todavía haya en el mundo 1.200 millones de personas que viven en la pobreza extrema. Sin embargo, a pesar de estos avances, aún hoy una de cada ocho personas no están suficientemente alimentadas de forma periódica y no cubre los requisitos mínimos de nutrición. Así, se estima que la meta de reducir el porcentaje de personas que padecen hambre solo se logrará si se logra revertir la desaceleración reciente que se ha dado en los avances logrados. Al respecto, los Estados iberoamericanos deben congratularse ya que la región de América Latina y el Caribe prácticamente ha conseguido cumplir con el primer ODM.

No obstante, reducir el número de personas que padecen hambre no puede ser aceptado como un logro suficiente cuando lo cierto es que todo ser humano tiene derecho a poder alimentarse con dignidad, bien por la propia producción de alimentos bien por su compra en el mercado. Esto es, el derecho a la alimentación constituye un derecho humano fundamental, vinculado de forma directa con el derecho a la vida. Tal y como señala el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, órgano supervisor del cumplimiento por los Estados Partes de las obligaciones que les impone el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el grado de efectividad de los derechos y las obligaciones reconocidos en el mismo, el derecho a la alimentación se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla.

Pese a su reconocimiento internacional, tanto a nivel universal (artículo 11 del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales), regional (artículo 12 del Protocolo de San Salvador; Declaración de Cochabamba de 2012) y subregional (como, por ejemplo, el Plan Estratégico de Acción Social de MERCOSUR o la Declaración del Parlamento Latinoamericano de diciembre de 2012, sin olvidar otros procesos de integración subregional) y a estar recogido a nivel constitucional en la mayor parte de Iberoamérica, el derecho a la alimentación sigue sin estar suficientemente considerado no solo por el Estado y sus órganos sino por los mismos titulares. Tampoco se ha alcanzado la seguridad alimentaria, pese a la priorización en las políticas y programas de los países iberoamericanos para combatir el hambre y la inseguridad alimentaria. La seguridad alimentaria, que se alcanza cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana constituye una condición previa y necesaria para la realización del derecho a la alimentación.

Igual que en otras partes del mundo, en Iberoamérica también se da la paradoja de que la mayoría de las personas que padecen inseguridad alimentaria viven en zonas rurales donde se producen alimentos y, pese a ello, son compradores netos de alimentos, en lugar de vendedores. Ello es debido a que el auge en la producción agrícola se ha concentrado en unas pocas regiones dentro de cada país, limitándose a productos muy específicos y a los productores grandes y medianos con acceso a los mercados externos. Por lo tanto, no es la falta de disponibilidad de alimentos la que impide la realización efectiva del derecho a la alimentación en los países iberoamericanos sino que el desafío principal es garantizar que los modos de producción de alimentos y sistemas de alimentación permitan a las personas en zonas urbanas y rurales tener acceso a una alimentación adecuada.

En este sentido, las recomendaciones básicas recogidas en la Directrices Voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, elaboradas por la FAO, ponen el acento en la necesaria voluntad política para que las leyes y políticas basadas en derechos humanos sean implementadas en la práctica y en la necesidad de mecanismos eficaces de supervisión y rendición de cuentas, así como en la asignación de recursos financieros, uno de los elementos incuestionables de la voluntad política.

Al respecto cabe destacar la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre al 2025 (IALCSH), nacida en la Cumbre Latinoamericana sobre Hambre Crónica (Guatemala 2005), que profundiza en los ODM y que recoge el compromiso de los países de la región para erradicar el hambre en el plazo de una generación, proponiendo la reducción de la incidencia de la desnutrición crónica infantil por debajo del 2,5% para el año 2025.

Quizás la gran asignatura pendiente en relación con las Directrices de la FAO sea la relativa a la rendición de cuentas y la justiciabilidad pues los mecanismos para supervisar la aplicación del derecho a la alimentación son débiles siendo necesario encontrar los adecuados para habilitar a los titulares del derecho a reclamarlo efectivamente. Para ello, es preciso superar un paso previo: crear conciencia y sensibilizar sobre el derecho a la alimentación como un derecho humano real garantizado por las leyes nacionales y por los tratados internacionales.

En definitiva se hace preciso un cambio de mentalidad que permita asimilar que el derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana y es indispensable para el disfrute de todos los otros derechos humanos y que es inseparable de la justicia social, al requerir la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, en los planos nacional e internacional, orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los derechos humanos por todos.