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SEGURIDAD JURÍDICA E INDEPENDENCIA JUDICIAL...

Autor: Blas Alberto González. Socio de Cautrecasas, Gonçalves Pereira

He ejercido la jurisdicción durante muchos años, y ahora la contemplo desde el otro lado de la mesa. Pero tanto a un lado como en el otro, la seguridad jurídica, como un principio absolutamente nuclear en la integración de un Estado democrático de Derecho, orienta los propósitos de quienes piden y de quienes sirven Justicia. Como sigue saliendo el agua de un grifo cuando lo abrimos, la seguridad jurídica es de ese tipo de elementos estructurales que, mientras es respetado y atendido por el sistema de jurisdiccional de un país, se da por supuesto y se integra con normalidad en nuestros hábitos democráticos, pero deja huecos clamorosos e insoportables cuando falta. 

“¿Qué atracción inversora generará un país con un Poder Judicial absolutamente rendido a los pies del Ejecutivo de turno?”

Los millones de resoluciones judiciales que se dictan en nuestros países en un año concretan y constatan, día a día, la vigencia de la seguridad jurídica como principio constitucional básico, aunque apenas reparamos en ella. Sin embargo, la búsqueda permanente de una mayor seguridad jurídica nunca nos abandona, es una aspiración perpetua. En el tráfico jurídico mercantil, por ejemplo, es uno de los materiales esenciales con los que se construye una inversión internacional.

¿Localizará un laboratorio farmacéutico sus inversiones en un país en el que las patentes son sistemáticamente ignoradas en la práctica jurisdiccional a pesar del reconocimiento legal del derecho de exclusiva? ¿Vendrán inversores a nuestros países si el sistema procesal de protección y recuperación del crédito es una mera apariencia decimonónica de lege data? ¿Qué atracción inversora generará un país con un Poder Judicial absolutamente rendido a los pies del Ejecutivo de turno?

La seguridad jurídica, según la doctrina del Tribunal Constitucional español en torno al artículo 9.3 de nuestra Constitución, tiene dos vertientes: la objetiva, que podemos residenciar en la certeza, y la subjetiva, a la que podemos llamar previsibilidad. La idea, pues, de que el principio de seguridad lucha a brazo partido con la independencia judicial salta al paso de modo inmediato. Pero debemos resistir definitivamente esta inercia, que coloca a estos dos principios sustanciales de un Estado de Derecho en una tensión permanente, lanzando la conclusión de que la maduración óptima de la estructura estatal llegará al alcanzarse un punto de equilibrio: suficiente seguridad y suficiente independencia. La realidad es otra: no es cuestión de suficiencia. Es el juez independiente el que hace verbo y concreta la seguridad del Derecho. 


La inseguridad jurídica llega de manos de la arbitrariedad. Pero la arbitrariedad no es fruto de la discreción jurisdiccional, que se concreta en la potestad del juez de elegir, de optar entre las diversas posibilidades que le brinda el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia. De ahí la absoluta necesidad de seleccionar a los jueces por su capacidad de conocer ambas cosas y de aplicarlas al caso de autos, de fomentar y mantener continuamente su formación. Si el juez resuelve con sujeción a la Ley y al resto del ordenamiento jurídico, que es complementado por la jurisprudencia, y motiva debidamente su decisión, se habrán respetado los principios constitucionales básicos de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad, así como el derecho fundamental del ciudadano a la tutela judicial efectiva. Más allá de esto, asistiremos a grados: grados de motivación, grados de vinculación, y por tanto, grados de predecibilidad. Como describe la profesora Garrido Gómez al tratar la predecibilidad judicial, encontraremos al juez meramente ejecutor, con “baja creatividad judicial y baja autonomía política”, el juez guardián, con “baja creatividad jurisprudencial y alta autonomía política”, caso en el que la aplicación judicial se apoya en los derechos de las partes; el juez delegado, con “alta creatividad jurisprudencial y baja autonomía política”, cuando no existe una respuesta clara de las normas jurídicas; y al juez político, con “alta creatividad jurisprudencial y alta autonomía política”, característico del realismo jurídico norteamericano.

El énfasis de los Poderes Judiciales iberoamericanos en la necesidad de trazar líneas rojas, de reconocer a la seguridad jurídica, la certeza y la previsibilidad, como un componente, no ya ético, sino estructural en la labor del juez independiente, demostrará que no asistimos a principios en tensión, sino integrados. Parece claro, por tanto, que la seguridad jurídica es un mensaje que se proyecta al ciudadano y a la empresa, el mensaje propio de un país, su marca, lanzada al exterior por quienes recibieron el encargo democrático de gobernar. La seguridad jurídica no se circunscribe al ámbito de decisión de los jueces, sino que es responsabilidad de todos los que se ocupan de la cosa pública. Así lo dijo la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana en 2008. El Poder Judicial, un Poder Judicial eficiente, preservado de todo tipo de presión externa, ganará espacio institucional, con lo que paulatinamente resultará fortalecido y ello, a su vez, le hará ganar más capacidad para resistir las presiones o para no padecerlas.

Las relaciones que esto genera entre seguridad jurídica y la protección de la independencia judicial son evidentes. Las reflexiones y las concreciones legislativas en materias como la autonomía y el autogobierno del Poder Judicial, no aluden sólo a la arquitectura de un país, sino que son además argumentos definitivos de seguridad jurídica; y ello, no sólo desde la perspectiva de Montesquieu, sino desde la más terrenal pero igualmente decisiva autonomía económica, con la amenaza de la corrupción siempre al final del pasillo. Las iniciativas para la protección de la Justicia ante los excesos mediáticos, que produzcan el efecto de alejar al juez de los criterios puramente jurídicos y las fuentes constitucionales en la resolución de un caso; la reacción ante la continua politización de la justicia y la judicialización de la vida política; todo ello debe sustentarse, junto a otros argumentos de protección e higiene ciudadana, en el convencimiento de que se está erosionando implacablemente la independencia judicial y, con ello, en definitiva, la seguridad jurídica que, tanto interna como externamente, ofrece un país. Y eso es un lujo que, en el universo globalizado en el que vivimos, ningún país puede permitirse.