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SITUACIÓN ACTUAL DE LA JUSTICIA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA...

Autor: Juan Carlos Pratesi, abogado

Es imperioso consignar que gran parte de los jueces de la Argentina son probos y ejercen su ministerio con ciencia, conciencia y paciencia, más allá de las reflexiones que se efectúan a continuación.-  A quién le caiga el sayo.....

Liminar

La Argentina es un país republicano,  representativo y federal.

•    República: la soberanía es del pueblo, sus máximas autoridades son  elegidas por los ciudadanos o por el Parlamento para un período determinado, con  clara división, interacción, balanceo e independencia de sus tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

•    Representativo: el pueblo no delibera ni gobierna sino por sus representantes elegidos. Ello se aplica a los poderes Ejecutivo y Legislativo, no así al Poder Judicial, cuyos integrantes como principio general son designados y eventualmente removidos por los miembros de los otros dos poderes.

•    Federal:  cada Estado federado  mantiene los derechos y atribuciones no delegadas en el poder central según las constituciones locales que deben darse conforme a la nacional;  en lo que respecta a la administración de justicia, implica la co-existencia de un Poder Judicial Federal (que interviene en todas las cuestiones de competencia federal que se susciten en toda la república) y Poderes Judiciales locales, con competencia exclusiva en materias no federales y dentro de cada provincia. Subsiste- y por ende coexiste -  una justicia nacional para los fueros comunes con competencia en la Capital Federal.-

En estas líneas nos referiremos solo a la justicia federal, si bien muchas de las consideraciones son aplicables a algunas  de las justicias locales.-

Organización

El Poder Judicial de la Nación es ejercido por una Corte Suprema de Justicia, y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere.-.

En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene su sede en la Ciudad de Buenos Aires. Luego de varias modificaciones en la cantidad de sus miembros, actualmente se integra con  cinco ministros. Su competencia abarca, además de las cuestiones federales, una eventual instancia extraordinaria para la revisión de constitucionalidad  de las decisiones finales de cualquier tribunal.-

Las Cámaras Federales de Apelación  y  los Juzgados Federales de Primera Instancia están organizados por territorio y por fueros.-

El Consejo de la Magistratura, órgano extra-poder, debe integrarse periódicamente procurando  equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal; asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indica la ley. Son sus funciones postular previo concursos a los candidatos a jueces nacionales, ejercer facultades disciplinarias sobre ellos y decidir la apertura del procedimiento de su remoción, en su caso ordenar su suspensión, y formular la acusación.-

 El sistema se integra con el Ministerio Público, órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República, integrado por un Procurador General y un Defensor General de la Nación y los demás miembros que la ley establezca.

Situación actual 

Como primeras reflexiones:

a) En la actualidad la magistratura judicial en todo el país y en casi todos los fueros adolece de sobrecarga de tareas, algunas totalmente injustificadas.- Carece además de elementos — instalación, inmuebles adecuados, sistemas tecnológicos modernos, etc.  — con lo que la justicia no cumple adecuadamente con los postulados de ser rápida y  económica.-

Juzgados y Cámaras de Apelaciones están abarrotados de expedientes.- En algunos casos , como el fuero de la Seguridad Social,  ante el cual tramitan cientos de miles de expedientes de  jubilados que reclaman ajustes, los representantes del Estado Nacional interponen invariable e inútilmente   recursos  hasta llegar a la Corte Suprema, que ya ha dado reiteradamente  razón a los reclamos, postergando así las sentencias.- Pese a la natural ancianidad y necesidades de los demandantes el gobierno dilata o directamente incumple las sentencias, y recientemente  ha optado por atacar formalmente a los jueces de este fuero que han aceptado reclamos concretos.- Iguales procedimientos pueden reconocerse en la Justicia Contencioso-administrativa.-

b)  Pese a los deberes y  prohibiciones constitucionales, el Poder Ejecutivo interfiere en la acción judicial en varios sentidos: Al demorar o manipular la selección y/o designación de jueces, al condicionar su actividad incluso amenazando con sanciones, o cuando no satisface sus obligaciones como poder administrador, dejando de cumplir sentencias aún de la Corte Suprema.-

c) La carencia de jueces regularmente designados, por omisión del Poder Ejecutivo,  — lo que acarrea suplencias o subrogancias discrecionales que no ofrecen garantías — además de las demoras  implícitas constituyen elemento de presión sobre los así provisoriamente nominados, a disposición del Poder Ejecutivo.-

d) Se ve particularmente en el fuero  Penal Federal fuerte intromisión del Ejecutivo, evitando por todo medio la secuela regular de investigaciones y juzgamientos de hechos que involucran a funcionarios o personas próximas a las esferas del poder.-

Otras reflexiones generales: 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido que intervenir en los últimos años en la resolución de temas complejos y trascendentes: atentados terroristas, deuda externa, situación de los jubilados, conflictos institucionales, libertad de prensa y legalidad del Consejo de la Magistratura, entre otros. 

En general se considera que su composición es equilibrada y sus resoluciones no responden necesariamente a la línea de gobierno.    

No obstante, al presente, por fallecimiento de dos de sus miembros, retiro próximo anunciado de otro por jubilación,  y las expectativas de otro ministro de muy avanzada edad,  se han generado especulaciones — exteriorizadas por funcionarios del más alto nivel en el Poder Ejecutivo — acerca de una posible recomposición del alto tribunal que lo alinee  con las políticas oficiales.-

En esa línea, el Secretario de Justicia de la Nación que como tal integra el Consejo de la Magistratura, declaró públicamente: “…Quiero que los jueces entiendan que tienen que dedicarse a hacer política, entendida como herramienta de transformación de la realidad. Así van a poder utilizar esa herramienta mejor. Quiero jueces con conciencia social…” Prosiguió: “…fomentar la conciencia social en los jueces es parte de ese proceso de democratización que es (….) un proceso histórico.” “…La democratización empieza cuando asume Néstor Kirchner y (….) diez años después, Cristina dice en Plaza de Mayo “vamos a democratizar la Justicia”…” 

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ha sostenido que tales declaraciones no responden a un  impromptu, sino resultan expresión del pensamiento sesgado que refleja la raíz autoritaria de un propósito contrario a los principios más elementales de la Constitución, república y democracia; un pensamiento que, deliberadamente, confunde los conceptos “mayoría” con “totalidad”; “política” con “omnipotencia” y “administración de justicia” con “abuso de poder”.

La Procuradora General de la Nación, de reciente designación,  responde de modo automático a las instrucciones del Poder Ejecutivo, y su actuación –al igual que la de algunos fiscales inferiores- viene siendo seriamente 

cuestionada precisamente por esa falta de independencia.-

El Consejo de la Magistratura ha sido también objeto de presiones por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Su composición por elección de cada estamento y designación ejecutiva de algunos otros mantiene una virtual paridad que en los supuestos más importantes (designación y remoción de jueces) impide la obtención de la mayoría de dos tercios para actuar.- Recientemente el Poder Ejecutivo intentó quitar representación a los letrados y a los jueces y de ese modo obtener el control por parte del poder político y  propuso  la  reducción  de  las  mayorías  necesarias  para  adoptar  las  resoluciones  más relevantes  en claro intento de manejar a su arbitrio la totalidad de las decisiones de dicho organismo , lo cual también contraría el esquema previsto en la Constitución, con  resultado negativo.- 

Al declarar la inconstitucionalidad de la modificación de la ley 26.855 del Consejo de la Magistratura de la Nación, acertadamente sostuvo el Alto Tribunal que “…los jueces deben actuar en todo momento en forma independiente e imparcial ... a fin de no dejar desprotegidos a todos los habitantes de la nación frente a los abusos de los poderes públicos o fácticos…”

Los hechos de corrupción más resonantes –que son muchos y muy graves- tampoco son realmente investigados por el fuero Criminal y Correccional Federal, sobre varios de cuyos integrantes –  a los que casualmente son  asignadas las causas más relevantes o que involucran a funcionarios de más alto rango— recaen serias sospechas de irregularidades, que suelen terminar en inexplicables sobreseimientos,  consentidos por los fiscales por directivas de la Procuración General, dejando sensación de  una creciente impunidad para actos sospechados de corrupción política, sindical, empresarial, etc. 

En el otro extremo, innumerables procesos radicados en los Juzgados correccionales, (lesiones leves, daños, hurtos, calumnias e incluso incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos), derivan  en la no investigación de las denuncias y actuaciones prevencionales que son archivadas y terminan prescribiendo.

La verdadera enfermedad, al menos aquella que corroe lo más profundo de la estructura, pasa por una real y tangible ausencia de Justicia. Hoy los ciudadanos se ven  afectados por la dificultad de acceso a la justicia también en sus transacciones diarias que representan pequeñas cantidades de dinero: No tienen a quien recurrir ya que formular una acción judicial importa muchas veces mayores costos que las pérdidas cuyo resarcimiento se reclama.

Sin embargo, una luz parece surgir de los recientes procesamientos dictados al vicepresidente de la Nación y a un puñado de  funcionarios y ex-funcionarios de alto nivel, algunos de los cuales  no obstante permanecen en sus cargos.

En resumen, como ha dicho  en esta publicación   E.P. Basla, (FORJIB número 20, “El consenso como control social”)  “Si el Poder Judicial es herido en el corazón de su independencia, no esperemos mejor Justicia. Si el poder se apropia de las facultades de elegir y remover a los jueces, todo dependerá del titiritero. Y ya sabemos que el poder no los cambia, solo los desenmascara”