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SOBRE EL VISADO DE INVERSORES...

Autor: Alberto Berdión Osuna, Socio-Director en Iberislex

Han pasado ya casi dos años desde la entrada en vigor de la primera ley de emprendedores (Ley 14/2013 de 27 de septiembre), anunciada a bombo y platillo por un gobierno que, tras “dar una de cal”, adoptando una importante batería de medidas depresoras de la economía (subidas de impuestos y fuertes recortes en la inversión en infraestructuras y servicios) intentó mediante esta ley dar “la de arena” con algunas medidas de estímulo a la productividad y el “emprendimiento”. Ya anticipamos en los análisis “en caliente” que hicimos de la Ley, que esta nos planteaba, en primer lugar, un problema terminológico, porque, como abogados de empresa, echábamos de menos que en la misma se hablara de empresarios, empresas e iniciativa empresarial, en lugar de usar neologismos algo artificiales como “emprendedor” o “emprendimiento”. También anticipamos que algunas de las reformas eran voluntaristas, porque no se ponían los medios necesarios para que pudieran ser completamente operativas. Transcurrido el tiempo y hablando ya en concreto del visado para inversores, lamentamos tener que decir que no estábamos equivocados. Frente a los 2.000 millones de euros que se pretendían captar mediante este visado (visado exprés o “golden visa”, como para disgusto del gobierno se han denominado popularmente), la entrada real de capitales por este concepto no ha alcanzado, hasta enero de 2015, los 600 millones de euros. Por otra parte, del total de residencias concedidas por este capítulo, más del 90 % lo han sido por adquisición de inmuebles, resultando marginales, en cambio, las obtenidas por inversiones en capital y por presentación y desarrollo de un proyecto empresarial, que resultaban inicialmente más prometedoras.    

El visado de inversores en otros países

La visa de inversores no es una institución ni reciente, ni original. Ha existido y existe con diferentes formas en todos los países de nuestro entorno (OCDE), con un especial arraigo en los de derecho anglosajón. En los Estados Unidos de América ha sido objeto, durante años, de fuertes polémicas y controversias, llegándose a decir que constituye un caso de venta de la residencia e incluso de venta de la nacionalidad. Los requisitos varían mucho de un país a otro en cuanto a los límites (importe) y a la naturaleza de la inversión (capital, inmuebles etc.). Por poner algunos ejemplos existe en Portugal, donde se exige una inversión de quinientos mil  euros. En Chipre donde el límite se establece en trescientos mil euros, en Grecia con un mínimo de doscientos cincuenta mil  euros, en UK donde se requiere una inversión de entre uno y cinco  millones de libras, según los casos, o en Francia, donde se requiere una inversión total de diez millones de euros.

Desde nuestro punto de vista las críticas contra el carácter mercantilista de la institución están o bien ideológicamente sesgadas (no beneficiar a los ricos) o bien parten de una visión patrimonial de la ciudadanía (no vender la residencia). Si tienen alguna base, en cambio, las que, desde el punto de vista de la seguridad, acusan al sistema de generar corrupción o de favorecer la entrada de dinero negro. Se ha publicado en ciertos medios de prensa que algunos ciudadanos que vendía pisos por importes inferiores a quinientos mil euros han recibido ofertas para subir este precio a cambio de que el comprador se hiciera cargo de los impuestos. También se ha hablado de grupos organizados (de chinos sobre todo) que han amparado permisos de residencia para conciudadanos mediante adquisiciones a nombre de estos y, por supuesto, han cobrado por ello (aparte de ocultar al titular real). En general se trata de problemas que se pueden solucionar con un control riguroso y que no desvirtúan la evidente utilidad de la institución.

Regulación actual de estos visados en España

En España ésta medida se desarrolla en la Sección segunda del Título V de la Ley bajo el título de “Movilidad Internacional”. En esta sección se establecen varias excepciones al régimen general de entrada y permanencia en España entre las cuales se encuentra la del capítulo segundo “Inversores” que es la que nos ocupa. Conforme al artículo 63 de la Ley los extranjeros no residentes que se propongan entrar en territorio español con el fin de realizar una inversión significativa de capital podrán solicitar el visado de estancia (de un año), o en su caso, de residencia para inversores (dos años). Se entenderá como inversión significativa de capital aquella que cumpla con alguno de los siguientes supuestos: a) Una inversión inicial por un valor igual o superior a 2 millones de euros en títulos de deuda pública española, o por un valor igual o superior a un millón de euros en acciones o participaciones sociales de empresas españolas, o depósitos bancarios en entidades financieras españolas. b) La adquisición de bienes inmuebles en España con una inversión de valor igual o superior a 500.000 euros por cada solicitante. c) Un proyecto empresarial que vaya a ser desarrollado en España y que sea considerado y acreditado como de interés general. 

Problemas planteados

A este respecto se ha cuestionado por algunos operadores económicos (agencias y empresas de intermediación inmobiliaria) el importe, que resulta relativamente elevado en el caso de los inmuebles. No obstante, no es aquí donde se produce el embudo que ha limitado fuertemente el número de visados y sobre todo de permisos de residencia, concedidos. El problema se ha venido produciendo en los servicios consulares de España en los diferentes países, sobre todo en algunos países latinoamericanos, donde la lentitud en el proceso de concesión del visado unido a la perentoriedad de algunos plazos (el plazo para la solicitud del visado por inversión en deuda, acciones o participaciones y depósitos, es de sesenta días desde la inversión y muchas veces los consulados han citado a los aspirantes para para fechas posteriores  a este plazo) han perjudicado muchas solicitudes. Esta situación se produce preferentemente en aquellos países que son exportadores habituales de trabajadores a España, porque el volumen de solicitudes es elevado y se produce una actitud general de falta de interés por parte de las autoridades. Para evitar esto, independientemente de cambiar radicalmente la actitud ante el fenómeno migratorio, habría que diferenciar entre estos visados, que se conceden en interés de España y los de trabajo ordinario, cuya concesión si entraña en posible conflicto con la situación empleo nacional.

Conclusión

La reforma es buena y acorde a las políticas de otros países de nuestro entorno y, aunque está habiendo algunas dificultades para su desarrollo práctico, estamos a tiempo de adoptar las medidas correctivas necesarias (ya se han adaptado algunos plazos).