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UNA BARRERA INCONSTITUCIONAL PARA...

Una barrera inconstitucional para ejercer el derecho a la tutela judicial

Autor: Carlos Carnicer. Presidente del Consejo General de la Abogacía Española

Los ciudadanos ya están sufriendo en sus bolsillos y en la tutela judicial efectiva de sus derechos la imposición de una ley innecesaria, injusta y, por tanto, inconstitucional que fue aprobada prácticamente sin debate y por el procedimiento de urgencia.

“La Ley de Tasas, sin duda, hará que baje la litigiosidad, pero a costa de los ciudadanos que verán limitado su derecho a defender sus legítimos intereses”

La Ley de Tasas en nada aportará soluciones a los problemas actuales de la Justicia, todo lo contrario, los agravará. Además, la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses pone en peligro la tutela judicial efectiva y ha consagrado una justicia para ricos –personas afortunadas que pueden abonarlas independientemente de su cuantía y grandes empresas que tienen la posibilidad de descontar el coste del tributo en sus cuentas anuales- y otra justicia para pobres –ciudadanos que podrán acogerse al beneficio de Justicia Gratuita- pero que dejará sin Derecho de Defensa a millones de personas que superan por escasa cuantía los mil euros y que no podrán hacer frente a las tasas. Actualmente, muchos ciudadanos no pueden exigir ya el derecho constitucional a la Justicia.

Todos estos impedimentos están haciendo desistir a los ciudadanos a la hora de defender sus derechos ante la Justicia. Frente a esta injusticia, la unanimidad frente a las tasas judiciales es prácticamente total: la Abogacía Española a la cabeza de las críticas, pero también han censurado esta ley el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, gobiernos de varias comunidades autónomas (sin que exista distinción de ideología), todos los grupos políticos, el Consejo de Consumidores y Usuarios, las asociaciones de jueces y magistrados, de fiscales y de secretarios judiciales, los funcionarios de Justicia, todos los sindicatos representativos en este sector, las asociaciones de consumidores y usuarios… ¿Todos contra Gallardón? No, Gallardón contra todos.

La Ley de Tasas, sin duda, hará que baje la litigiosidad, pero a costa de los ciudadanos que verán limitado su derecho a defender sus legítimos intereses. Esta barrera a la tutela judicial efectiva no lo será por carecer de razón en sus peticiones y argumentos, sino por la exagerada cuantía del tributo ya en vigor, con cantidades desmesuradas (puede superar los 20.000 euros si se agotan todas las vías de recurso) o con aplicación en órdenes jurisdiccionales donde nunca ha existido tasa alguna, como es la jurisdicción de lo social. Sin duda, todos estos impedimentos están haciendo desistir a los ciudadanos a la hora de tomar la decisión de defender sus derechos ante la Justicia.

Toda la Abogacía, sin fisuras, confía en que las cuestiones de inconstitucionalidad, que sin duda van a plantear los jueces y magistrados desde su actividad jurisdiccional, los recursos ante el Tribunal Constitucional (solicitado por la ‘Plataforma Justicia para Todos’ al Defensor del Pueblo y que el Grupo Parlamentario Socialista ha anunciado presentará en breve) o el recurso ante la Audiencia Nacional presentado por el Consejo General de la Abogacía Española contra la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que aprueba el modelo de autoliquidación de las tasas judiciales, acabarán logrando que se repongan los derechos de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva que fija nuestra Constitución.

Mientras tanto, la Abogacía institucional continuará manteniendo, al mismo tiempo que sigue su batalla contra las tasas y ofrece amparo a los ciudadanos que vean vulnerado su Derecho de Defensa, su oferta de diálogo al Ministerio de Justicia para encontrar soluciones, en consenso con todos los operadores jurídicos, consumidores y usuarios, al problema principal que tenemos: el deplorable estado de la Justicia.

La Administración de Justicia se encuentra ante la necesidad de modificar muchas cosas de fondo para lograr que sea ágil y eficiente, para ofrecer garantías de seguridad jurídica y que dé respuesta a las necesidades judiciales de los ciudadanos en la defensa de sus derechos e intereses. Todos los colectivos, tanto del sector jurídico como del ámbito social, hemos demostrado y trasladado al Ministerio de Justicia nuestra voluntad de negociar y dialogar para conseguir –entre todos- un Pacto de Estado por la Justicia. La Abogacía está abierta a contrastar ideas y a sentarse a conversar, pero lo que realmente hace falta es qué quien tiene que impulsar este diálogo dé este paso de consenso. Los ciudadanos son conscientes que de lo que está en juego o lo que se pone en peligro no es sólo la Justicia, sino la calidad democrática del Estado de Derecho. Cada vez son más conscientes de que, ante la situación actual de la Administración judicial, la solución es la Justicia y no el caos. Pero estamos más cerca del caos que de la Justicia.

Frente a la Ley de Tasas y al anteproyecto de reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita -que trata de corregir de forma inadecuada muchos de los disparates establecidos en la Ley de tasas- ni los ciudadanos ni la Abogacía podemos permitir que se incorpore a nuestro Estado de Derecho una balanza en la que se coloque en un platillo el Derecho Fundamental a la Defensa y, en el otro, el pago de un tributo para que el ciudadano pueda acceder a la jurisdicción.

Las tasas judiciales no pueden justificarse como el recurso necesario e inevitable para que la Administración pueda pagar el servicio público de la Justicia Gratuita. Hay que recordar que ésta es la última puerta que tienen los ciudadanos más desfavorecidos para hacer valer ante los tribunales sus derechos y que éstos sean reconocidos por la Justicia. No me cansaré de repetir que el gasto en Justicia Gratuita es una inversión en paz social y que en épocas de crisis social y económica está aún más justificado.

El empecinamiento ajeno tampoco nos puede hacer olvidar que entre todos tenemos la obligación de construir una Justicia eficiente y moderna, que tenga en su núcleo principal y no un sistema que penalice, limite o impida el derecho de los ciudadanos a pedir y obtener justicia.