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EL DELITO DE TRÁFICO DE PERSONAS Y LA NECESIDAD DE INCREMENTAR LA COLABORACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL...

Autor: Ms C. Arnel Medina Cuenca, profesor titular de Derecho Penal y Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana. Vicepresidente de la Sociedad cubana de Cuencias Penales

El siglo XXI tan esperado por muchas personas en el mundo, como un símbolo de esperanza y aliento para tiempos mejores, ha consolidado el proceso de globalización y con ello no solo sus aspectos positivos, sino también se aprecia concentración del capital en determinadas áreas, lo que contribuye al mantenimiento del subdesarrollo en otras menos favorecidas, lo que ha propiciado un significativo incremento de las migraciones ilegales, con una participación cada vez más creciente de la delincuencia organizada, que también se globaliza.

El comercio ilegal de seres humanos crece con la globalización económica, se incrementa la demanda de una mano de obra barata e indocumentada, que reduce los costos de los contratistas, sin importarles los derechos humanos, ni las normas que protegen la salud, los derechos laborales y la dignidad humana.

En el siglo XXI, como bien señala Ana Isabel Pérez Cepeda: “La esclavitud no es una monstruosidad del pasado de la cual nos hayamos definitivamente liberado, se trata de un negocio que en el mundo está más en auge que nunca. La globalización, la pobreza, el aumento demográfico de los países de origen, la violencia social, la inestabilidad política de los Estados, los conflictos étnicos, etc... tienen gran impacto en la permanencia de la esclavitud, además se trata de un fenómeno favorecido por la inmigración económica y la vulnerabilidad de los inmigrantes”.

En los últimos años, como consecuencia de la crisis económica en la denominada zona Euro, el tema migratorio ha adquirido nuevos matices, fundamentalmente en los países más afectados, como Grecia, España, Irlanda, Portugal, Italia y Chipre, donde el flujo de emigrantes ha disminuido y se reportan incrementos de migraciones, en busca de trabajo, desde esos territorios, hacia países en desarrollo, como Argelia, Brasil, Argentina, México y otros.

Investigaciones recientes evidencian que en el primer lustro del siglo XXI el número de inmigrantes latinoamericanos era creciente, hasta alcanzar los 400 mil en 2006, pero luego la tendencia se revirtió y en 2009 solo entraron a los países de la Unión Europea 229 mil personas.

Al valorar la trascendencia del tráfico de personas y la necesidad de combatirlo con métodos efectivos, debemos tomar en consideración el hecho de que esta actividad ocupa el tercer lugar en la cadena delictiva internacional: primero el tráfico de drogas, después el de armas y en tercer lugar el tráfico de seres humanos.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en el mes de noviembre del 2000, adoptó el texto definitivo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y de los Protocolos Complementarios contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire y para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños.

Esta Convención, obliga a los Estados Parte a adoptar, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas que resulten necesarias para tipificar como delitos, cuando se cometan internacionalmente, diversas acciones delictivas y destaca, como parte de su contenido esencial, el propósito de promover la cooperación para prevenir y combatir con mayor eficacia la delincuencia organizada transnacional, también define conceptos tales como el de grupo delictivo organizado, delito grave, delito determinante y otros de indudable trascendencia para la aplicación consecuente de sus preceptos.

Con frecuencia se confunden el tráfico y la trata de personas, debido a que aunque el primero puede incluir a la trata, ambas figuras delictivas, tiene sus propias características, por lo que desde la comunicad internacional, las leyes penales y la doctrina se han precisado los elementos comunes que las caracterizan y también los que marcan las diferencias.

El “tráfico ilícito de migrantes” es definido en el artículo tres del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, como la “facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener, directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material”.

La trata de personas es definida en el artículo tres del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños como “la captación, transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza, o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”.

En el tráfico siempre se incluye el elemento de ayuda para el cruce de fronteras y la entrada de ilegales al territorio de un determinado país, lo que lo relaciona con elementos de carácter transnacional, con la entrada y residencia de personas y la fuente principal de ingresos de los traficantes es el precio pagado por el inmigrante; mientras que en la trata lo fundamental es la intención de explotar a la víctima, con independencia de la forma en que arriba al lugar de destino, que puede ser legal o ilegal y la fuente principal de los ingresos es producto de su explotación posterior.

Numerosos Instrumentos Jurídicos Internacionales del denominado sistema de las Naciones Unidas y de otros fórum internacionales o regionales contienen regulaciones sobre el tráfico de personas y especialmente sobre los derechos de las víctimas de estas conductas, entre los que solo a manera de ejemplo podemos mencionar la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967; el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 2 de diciembre de 1949, la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 y su Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y otros muchos.

La intensa actividad que se desarrolla desde la comunicad internacional ha estado encaminada a la protección de los derechos humanos de las víctimas y al enfrentamiento a las actividades del crimen organizado, lo que pone en evidencia la necesidad impostergable de combatir el tráfico y la trata de personas con métodos efectivos, que garanticen por una parte el enfrentamiento a las bandas criminales y por el otro la protección de las víctimas con la participación de los Estados y de la comunidad internacional, para lo cual resulta necesario lograr una efectiva cooperación entre los países.

Los instrumentos jurídicos que se necesitan existen, las legislaciones nacionales los han ido incorporando, en mayor o en menor medida. Lo que falta es la voluntad política de los gobernantes, que no en todos los casos dedican los recursos necesarios para prevenir y combatir este flagelo de la humanidad, y con frecuencia los destinados a estos fines son desviados o malgastados. De manera especial lo que más se necesita es la cooperación multilateral, en particular de los Estados más desarrollados, para mitigar los factores que, como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades equitativas, existentes en muchos países, hacen a las personas vulnerables al tráfico ilegal de seres humanos y especialmente a las mujeres y los niños.

Resulta evidente que el compromiso de los Estados de origen y de los receptores de migrantes con la protección de los derechos humanos de las personas que obligadas por las circunstancias de su situación económica emigran hacia el norte desarrollado no se encuentra a la altura de las circunstancias, como ha denunciado Amnistía Internacional en su Informe sobre el Estado de los Derechos Humanos en el mundo de 2013, donde denuncia que: “Una vez que las personas se han marchado, los Estados de origen afirman que, dado que sus trabajadores migrantes ya no se encuentran en su territorio, no tienen obligaciones para con ellos, a la vez que los Estados de recepción sostienen que, al no ser ciudadanos, carecen de derechos. Mientras tanto, la Convención Internacional de la ONU sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada en 1990, sigue siendo uno de los convenios de derechos humanos con menos ratificaciones. Ninguno de los Estados de acogida de migrantes de Europa Occidental la ha ratificado, y tampoco lo han hecho otros países con gran población migrante, como Australia, Canadá, EE. UU., los países del Golfo, India y Sudáfrica.

A lo anterior se une el hecho indiscutible de que el principal compromiso que asumieron los Estados parte del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, en la lucha contra el tráfico de personas, es a nuestro juicio, el regulado en el inciso 3 del artículo 15, que los compromete a “promover o reforzar, según proceda, los programas y la cooperación para el desarrollo en los planos nacional, regional e internacional, teniendo en cuenta las realidades socioeconómicas de la migración y prestando especial atención a las zonas económica y socialmente deprimidas, a fin de combatir las causas socioeconómicas fundamentales del tráfico ilícito de migrantes, como la pobreza y el subdesarrollo”, es precisamente el que menos se ha cumplido, en especial por parte de los países receptores, que son los más favorecidos económicamente y tienen la obligación moral y jurídica de ayudar a los menos desarrollados.