¿Hasta dónde llega la Responsabilidad Social de los Abogados?

Autora: Lidia Zommer

¿Es socialmente responsable un despacho de abogados que dedica tiempo a actividades pro bono pero carece de políticas de conciliación para sus profesionales?

“Un despacho puede ser irresponsable a pesar de dedicar ingentes cantidades de dinero a donaciones a grupos desfavorecidos y asesoramiento sin contraprestación económica, si desatiende al resto de los públicos con los que se vincula”

El concepto de “responsabilidad social corporativa” está presente en nuestra sociedad desde hace años, sin embargo frecuentemente entendido tan sólo en su aspecto de acción social, cuando en realidad se trata de mucho más. Hablamos de la incorporación de las expectativas legítimas de todos sus stakeholders o grupos de interés (Comisión Europea – Libro Verde ‘Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas’). Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá invirtiendo «más» en el capital humano, el entorno y las relaciones con los interlocutores.”

Ser una organización responsable es rentable para el despacho en varios aspectos. Por un lado, las firmas competimos por los mejores abogados y la marca como empleador es reforzada por el orgullo de pertenecer a una organización con reputación de responsable, considerándose un criterio de elección entre dos propuestas similares en cuanto a carrera y retribución, a la vez que un atributo que favorece la integración y el compromiso. En cuanto al mercado de los clientes, si bien no es un criterio de elección, la “irresponsabilidad” de un despacho puede ser una causa de exclusión en la medida en que las políticas del cliente sean estrictas, como por ejemplo las relacionadas con la diversidad de género. El cliente sofisticado pretende relacionarse con organizaciones con políticas similares a las propias. La RSC permite mantener un mismo nivel de diálogo con los clientes que tengan desarrollos en la materia.
Es fundamental analizar estratégicamente el impacto del potencial que representa cada grupo de interés en la gestión de los activos intangibles de la organización. Por ello cabe preguntarse ¿qué debe primar en caso de conflicto entre los expectativas en pugna?

¿Es responsable una marca de ropa deportiva que para poder ofrecer a sus clientes precios más convenientes recurre a la explotación infantil (en países donde esto es legal)? ¿Es responsable un centro comercial que da trabajo a un gran número de personas y a la vez recurre a prácticas de gestión de residuos contaminantes de las napas de agua subterráneas? ¿Es responsable un despacho de abogados que emprende actividades pro bono mientras sus abogados trabajan regularmente jornadas de más de doce horas?

Y ahora que ya no lo vemos tan claro, analicemos los grupos de interés con los que se relaciona un despacho de abogados. Un proceso de definición de plan de responsabilidad corporativa parte necesariamente por la indagación del complejo conjunto de dimensiones del despacho. Adentrarse en el análisis de este particular universo de stakeholders en nuestro sector nos lleva a valorar el impacto que puede tener para un despacho la gestión de cada vertiente de este mundo relacional.

1. Los abogados, secretarias y otros profesionales.

2. Los accionistas, que en este caso son los socios de capital.

3. Los clientes.

4. La competencia y el sector legal en general.

5. El medio ambiente.

6. La sociedad.

Por ello, en el marco de la responsabilidad social de la abogacía, incluimos: la definición y aplicación de un plan de carrera claro y transparente, políticas de flexibilidad y conciliación, igualdad de oportunidades en las promociones, diversidad en la contratación, no discriminación; buen gobierno, estricto cumplimiento de las normas deontológicas, gestión adecuada de los conflictos de intereses, el uso responsable del papel (nuestro primer insumo); el uso eficiente de los recursos energéticos, y, con la sociedad a través del trabajo pro bono u otros tipos de voluntariado.

El trabajo jurídico realizado voluntariamente y sin retribución monetaria es un concepto que cobra más fuerza en los países anglosajones que en España, donde la asistencia jurídica gratuita es una obligación del Estado. No obstante, actualmente este apoyo es muy necesario como complemento al turno de oficio y para colaborar con las entidades sin ánimo de lucro. Por ello también el tratamiento es diferente en España que en UK o USA, ya que los colegios de abogados de estos últimos imponen el pro bono como una carga social, en la que los abogados deben cumplir con determinado número de horas anuales de servicio a su comunidad a través del asesoramiento gratuito. Las reglas de la American Bar Association (ABA) recomiendan aportar a la sociedad un mínimo de cincuenta horas de servicio por año.

Muchas veces se confunde Responsabilidad Social con “acción social” o la dedicación de recursos empresariales a proyectos de desarrollo socioeconómico que apoyan a personas desfavorecidas. La acción social es una parte de la responsabilidad social, un complemento. Un despacho puede ser irresponsable a pesar de dedicar ingentes cantidades de dinero a donaciones a grupos desfavorecidos y asesoramiento sin contraprestación económica, si desatiende al resto de los públicos con los que se vincula. La acción social es la guinda del pastel, las relaciones de confianza y respeto con los grupos más cercanos, como sus clientes y profesionales, son la masa.

El talón de Aquiles en el sector son las largas jornadas de nuestros abogados, especialmente los más jóvenes. Además de las urgencias por necesidades del cliente que siempre deben atenderse, el modo de trabajar habitual hace que difícilmente los grandes despachos apaguen las luces algún día antes de las 12PM. Por ello, es fundamental al planificar un plan de voluntariado en una firma de abogados tener en cuenta cómo va a compaginarse con las jornadas de los abogados y en qué medida el esfuerzo, además de lo organizativo, lo va a hacer el despacho. Algunos permiten cargar las horas de pro bono en el presupuesto como horas facturables (en muchos despachos, las únicas que cuentan a la hora de valorar si se devenga el variable); en otros, compensando con más tiempo de vacaciones. Lo que está claro es que si simplemente les ofrecemos sumar a sus actuales responsabilidades el voluntariado ellos serán héroes, pero el despacho será irresponsable.

Los despachos tienen una rentabilidad clara cuando invierten en actividades de voluntariado: mejoran la formación de sus abogados. Cuando entramos en contacto con colectivos desfavorecidos y conocemos sus historias, sus motivaciones, su dolor y sus ilusiones ampliamos nuestro bagaje cultural y emocional, engrandecemos nuestros universos, convirtiéndonos en personas más íntegras y, por lo tanto, en mejores abogados. La “acogida”, el abrazo a personas que atraviesan mares de dificultades engrandece, porque inevitablemente nos contagia.